La Contraloría General de la República identificó presuntas irregularidades en el proceso de contratación para el servicio de mantenimiento de techos en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, tras detectar deficiencias en la selección de proveedores y posibles incumplimientos de las normas de contratación pública. Los contratos fueron firmados por Cecilia Paquita Uribe Quiroz ( ex rectora encargada), mientras que la resolución de expedientes técnicos fue firmada por Ana María Kuroki de Kawata (ex rectora interina).
Múltiples irregularidades
Según el informe emitido por el órgano de control, durante la ejecución del proyecto se habrían realizado procedimientos sin sustento técnico ni documentación completa, lo que habría permitido la adjudicación de los servicios a empresas que no contaban con la experiencia ni la capacidad técnica necesaria para garantizar la correcta ejecución de los trabajos. Las múltiples contrataciones superan los 8 millones de soles.
El mantenimiento, que incluía la reparación y reforzamiento de los techos de varios pabellones universitarios, también presentó fallas en la supervisión de la obra, como la ausencia de reportes fotográficos, actas de conformidad y registros de materiales utilizados. La Contraloría indicó que estas deficiencias generan un riesgo de daños estructurales futuros y un posible uso inadecuado de recursos públicos.
El informe recomienda iniciar acciones administrativas y legales contra los funcionarios responsables, así como reforzar los mecanismos de control interno en la universidad para garantizar la transparencia y eficiencia en los procesos de contratación. Asimismo, se exhorta a la universidad a establecer protocolos más estrictos para la selección de proveedores y la supervisión de obras, con el fin de prevenir situaciones similares en el futuro.
Autoridades de la universidad aún no han emitido declaraciones oficiales sobre el hallazgo, mientras que la Contraloría ha anunciado que continuará con el seguimiento y verificación de los proyectos de infraestructura ejecutados en la casa superior de estudios. Este caso se suma a una serie de alertas de control en instituciones públicas de la región, donde se han identificado irregularidades en procedimientos administrativos y adquisiciones de servicios.
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