Desde las primeras horas de la madrugada del viernes 28 de febrero, un megaoperativo policial se desplegó en distintos puntos de la provincia de Ica, con el objetivo de desarticular una presunta organización criminal dedicada a la tramitación ilegal de licencias de conducir. El operativo, liderado por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y el Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco) de Lima, logró allanar un aproximado de 32 viviendas, oficinas e instituciones.
Con orden judicial
Entre los inmuebles intervenidos figuran la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica (DRTC-Ica), la Municipalidad Distrital de Los Aquijes, clínicas y viviendas de funcionarios, tramitadores y abogados supuestamente involucrados en la red delictiva. De acuerdo con las primeras informaciones, el caso involucra a servidores públicos y particulares que habrían facilitado la obtención fraudulenta de licencias de conducir entre los años 2021 y 2024, mediante pagos irregulares.
El coronel PNP, Eric Ángeles Puente, jefe de la Diviac, informó que el operativo contó con la participación de 36 fiscales especializados y 218 efectivos policiales provenientes de Lima, quienes ejecutaron las diligencias simultáneamente en los distritos de Ica, Parcona, La Tinguiña, San Juan Bautista, Subtanjalla y Los Aquijes. La intervención también incluyó el allanamiento de la vivienda del alcalde de Los Aquijes, Edward Amoroto Ramos, en la Urb. San Isidro, quien figura como uno de los investigados en el caso.
“En total son 32 inmuebles que se están allanando, 5 son oficinas administrativas tanto de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica, un policlínico y una escuela de conductores. La diligencia es con presencia de abogados defensores, la organización criminal está relacionado a “Los acelerados del sur”. Esta vivienda es de uno de los ex funcionarios de la DRTC, específicamente el actual alcalde de Los Aquijes, Edward Amoroto. La investigación se viene desarrollando desde el 2021 a la fecha y comprende tres gestiones, también a funcionarios y trabajadores de esa dirección y a personas civiles que fungían de tramitadores para la expedición fraudulenta de las licencias de conducir”, declaró el mando policial.
Según las autoridades, la organización criminal “Los acelerados del Sur” operaba captando a ciudadanos interesados en obtener licencias de conducir de manera ilegal, gestionando los documentos a cambio de sobornos. La red contaría con la participación de exdirectores de la DRTC-Ica, así como de tramitadores, abogados y clínicas encargadas de realizar los exámenes médicos necesarios para la emisión de los brevetes.
“Por el momento se realizan diligencias orientadas a identificar elementos, medios que pudieran ser utilizados de manera ilícita para la comisión de hechos delictivos del que son investigados, que son organización criminal, corrupción de funcionarios, cohecho activo y cohecho pasivo. De la policía está la Diviac con apoyo del Grecco y la Región Policial Ica. En total están participando 218 efectivos policiales, 36 fiscales tanto de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios y de esta jurisdicción de Ica”, añadió Ángeles Puente.
Las pesquisas apuntan a 27 personas que habrían participado en esta estructura delictiva, incluyendo a Kenia Dongo, exjefa de Transportes de la DRTC-Ica. Las autoridades han identificado un modus operandi basado en la manipulación de expedientes y la emisión irregular de licencias a cambio de pagos ilícitos.
El juez Elmer Rojas Apaza ordenó el allanamiento, registro domiciliario, incautación y levantamiento del secreto de comunicaciones en decenas de inmuebles del imputado Edward Alberto Amoroto Ramos de 51 años, por el delito de organización criminal en agravio del Estado peruano. También de Kenniha Minerva Dongo Galindo de 38 años, quien también fue directora regional de Transportes en el año 2022.Del mismo modo, Ronald Martín Núñez Peña (60), Mario Carlos Uribe Flores (47), Humberto Gregorio Ramos Vásquez (67), Danny Alfonso de la Cruz Muñoz (29), Jessica Elizabeth Durand Bendezú (48), Luis María Aparcana Reyes (62), Rosa Magali Guzmán Segura (44), Marilyn Solanyela Ramos Angulo (41), Fanny Andrea García Cueto (71), Ángel Juan Neyra Sierra (60), José Antonio Franco Palomino (65).
Asimismo, las viviendas de Félix Antonio García Segura (65), Christian Andrés Barón Cárdenas (34), Hermógenes Román Erhuay (60), Vladimir Herman Parra Jurado (31), Mario Guillermo Gonzales García (47), Norka Monzón Cárdenas (58), Marco Antonio Oliveros Espinoza (48), Enrique Belisario Aliaga Torres (73), Katy Rosmery Castillo Pérez (34), Luz Leonor Yeren Ore (58), Evelyn Pilar García Yeren (26), Mirlo Karina Jiménez Benavidez (50), Susy Esther Jiménez Benavides (49).
El Ministerio Público ha detallado que el operativo se ejecutó en el marco de la investigación por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico y tráfico de influencias, que involucran a funcionarios y civiles. Los fiscales han solicitado el levantamiento del secreto de las comunicaciones y la incautación de documentación relevante para el caso.
Además de las viviendas y oficinas allanadas, las autoridades intervinieron clínicas y escuelas de conductores presuntamente implicadas en la red. La Policía Nacional informó que entre los objetos incautados figuran documentos, computadoras y celulares que podrían aportar pruebas clave en la investigación.
Como medida preventiva, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica anunció la suspensión temporal de sus actividades hasta nuevo aviso, mientras se llevan a cabo las investigaciones. La entidad se comprometió a colaborar con la justicia y exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a futuros comunicados.
El megaoperativo ha generado un gran impacto en la población de Ica, donde cientos de ciudadanos se han visto afectados por la paralización de trámites en la DRTC. Asimismo, este caso pone en evidencia la profundidad de la corrupción en la administración pública y la necesidad de medidas más estrictas para evitar la proliferación de redes delictivas en el sector transporte.
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