El Órgano de Control Institucional (OCI) del Hospital Regional de Ica emitió el Informe de Orientación de Oficio N.º 001-2025-OCI/4829-SOO, en el que detecta una grave irregularidad en la contratación y pago del servicio de digitador para la Estrategia de Prevención y Control del Cáncer.
Informe de control
Según el informe, se desembolsó dinero público por una labor que no habría sido efectivamente realizada, comprometiendo los principios de legalidad y eficiencia en el uso de los recursos estatales.
La investigación se centra en la Orden de Servicio N.º 0000133, emitida el 6 de febrero de 2025, mediante la cual se contrató a la señora Julia Grace Vélez Zevallos como digitadora por un monto de S/5,400 para los meses de enero, febrero y marzo. El informe revela que la contratación fue solicitada por las responsables del área de Estrategias Sanitarias del hospital, quienes otorgaron la conformidad de servicios incluso antes de la fecha de emisión de la orden de servicio.
El hecho más llamativo es que, según el reporte migratorio emitido por la Superintendencia Nacional de Migraciones, la contratista estuvo fuera del país durante el periodo en que supuestamente prestaba sus servicios. Vélez Zevallos viajó a España entre el 10 y el 19 de febrero, y luego salió nuevamente del país el 3 de marzo sin registrar su retorno. No obstante, la oficina de Tesorería del hospital procedió con el pago correspondiente al mes de enero por S/1,800, sustentado en un acta de conformidad firmada por la coordinadora del área.
Estas acciones podrían constituir un incumplimiento de los principios establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley del Procedimiento Administrativo General, que exigen que todo pago sea efectuado tras la verificación efectiva de la prestación del servicio. Además, se cuestiona la legalidad de otorgar conformidad a servicios sin pruebas documentadas de ejecución, más aún cuando la persona contratada no se encontraba en el país.
El informe advierte que esta situación genera un riesgo significativo para la finalidad pública de la estrategia sanitaria, ya que se habrían efectuado pagos sin que el servicio se haya ejecutado. Ello no solo podría haber afectado el desarrollo de la estrategia contra el cáncer, sino que también compromete la integridad del manejo presupuestal de la institución.
De acuerdo con la normativa vigente, toda obligación de pago debe estar sustentada en documentos que acrediten la efectiva prestación del servicio. En este caso, el OCI señala que no se han encontrado evidencias claras de que la proveedora haya cumplido sus funciones, pese a haber recibido pagos por parte del Estado.
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