Tras horas de audiencia. Las autoridades del Poder Judicial dictaron cárcel para tres presuntos integrantes de la banda criminal “Los negociantes del sur”, quienes se dedicarían a “coimear” a fiscales para que archiven graves denuncias.
Medida judicial
En una maratónica audiencia, el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, Elmer Florencio Rojas Apaza, dictó 15 meses de prisión preventiva contra José Antonio Almeyda López, Marleni Isabel Huallanca Peña y Carlos Alberto Palomino Salazar, por el presunto delito de cohecho activo específico en agravio del Estado peruano.
Los abogados de las personas con prisión preventiva interpusieron recurso de apelación y el fiscal hizo lo propio respecto al plazo. Había pedido 18 meses. El caso tomó relevancia porque los detenidos habrían intentado sobornar a una fiscal anticorrupción para archivar una investigación fiscal.
La captura de los sujetos se realizó los primeros días de abril, cuando la Policía Nacional ejecutó un operativo simultáneo en las provincias de Chincha, Pisco e Ica, y con orden judicial detuvieron a cuatro presuntos integrantes de la banda criminal “Los negociantes del sur”, los mismos que habrían intentado “coimear” con una fuerte suma de dinero a una fiscal para el archivo definitivo de una grave denuncia.
Las operaciones policiales fueron ejecutadas en horas de la madrugada por agentes de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), con representantes del Ministerio Público, quienes se desplazaron hasta una vivienda en la urbanización Puente Blanco (Ica), asimismo con órdenes judiciales de detención fueron a otras casas en las provincias de Chincha y Pisco, logrando detener a Marleni Ysabel Huallanca Peña, Carlos Alberto Palomino Salazar y a José Antonio Almeyda López, por su presunta implicancia en la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad cohecho activo específico. Son acusados de pretender sobornar a una funcionaria especializada en delitos de corrupción.
La operación policial también se extendió hasta las instalaciones de la Dirección Regional de Educación de Ica, donde se realizaron diligencias policiales en oficinas. Además, en conjunto con el allanamiento de otros cuatro inmuebles se incautó celulares, disco duro 4TB, 3 mil 520 soles en efectivo, equipos tecnológicos y otra documentación relevante para la investigación de los operadores de justicia.
La Diviac informó que Carlos Alberto Palomino Salazar (a) “Calito” (exgerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Huacarpana, provincia de Chincha-Ica), sería el cabecilla de la banda criminal y junto a José Antonio Almeyda López, habrían acordado con abogados (asesores legales de la banda criminal) para concertar, ofrecer y entregar, un monto de dinero para influir en la decisión de una fiscal perteneciente a la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica, quien tiene a su cargo una investigación en contra de ellos a fin de que dicha investigación en su contra se archive. Es decir, la estaban “coimeando”
Según las investigaciones, la presunta concertación, que se habría iniciado con un primer pago de 30 mil soles como el adelanto del 50 % de lo pactado con dicha funcionaria pública; sin embargo, por filtraciones de estos presuntos actos de corrupción a través de medios de comunicación local, la representante del Ministerio Público habría decidido formalizar la investigación primigenia.
Cabe señalar que el pasado 12 de febrero del 2020, Carlos Palomino Salazar y Luis Hernández Acuña habrían aprovechado su cargo para favorecer a la empresa “Nefi Construcciones E.I.R.L”, con una consultoría de obra para la rehabilitación del sistema básico de la localidad de San Pedro de Huacarpana que fue afectado por el Fenómeno del Niño Costero. Por lo que se apertura una investigación.
Este hecho fue inicialmente advertido por la Contraloría General de la República a través del Informe de Control Especifico N°013-2022-2-0405-SCE, donde se alerta una serie de irregularidades relacionadas a la contratación de la mencionada consultoría, ya que los servidores de ese municipio validaron experiencia de consultoría de obras en edificaciones para un servicio especializado de saneamiento que no guarda similitud, aunado a ello se admitió a postor que no cumplía con acreditar la experiencia especializada de 1 año para el contrato de consultoría requerida, pese a ello se otorgó la buena pro permitiéndose acceder a la contratación de 124 mil 900 soles.
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