El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, a cargo de la jueza Lucy Julliana Castro Chacaltana, dictó cinco meses de prisión preventiva contra Job Francisco Gonzales Franco, ciudadano extranjero acusado de la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de Jhostin Alexandro Ventura Vargas.
Prisión preventiva
La medida regirá desde el 23 de agosto de 2025 hasta el 22 de enero de 2026 y busca asegurar el normal desarrollo del proceso penal.
De acuerdo con la investigación fiscal, el hecho ocurrió el pasado 23 de agosto a las 10:00 a.m. cuando Ventura Vargas conducía su vehículo por la Panamericana Sur, a la altura de la avenida Cutervo. Al descender para retirar piedras que obstruían la vía, fue interceptado por Gonzales Franco y Darlis Dangelis Marín Jaimes, quienes le exigieron dinero para permitir el paso.
Los testigos precisaron que, pese a la presencia de un policía de tránsito en la zona, Gonzales Franco continuó con la agresión lanzando piedras contra Ventura Vargas y su padre, quien había llegado en auxilio de su hijo. La situación escaló cuando el imputado extrajo de una mochila un cuchillo de cocina y apuñaló al joven en el hombro y la cabeza, causándole graves heridas que pusieron en riesgo su vida.
Desangrándose, el agraviado logró huir con ayuda de su pareja y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Ica. Según el Certificado Médico Legal N.° 07446-VM, presentaba heridas cortantes recientes que requirieron atención médica inmediata, con un diagnóstico de dos días de atención facultativa y siete días de incapacidad legal. La Fiscalía resaltó que el ataque pudo haber tenido un desenlace fatal de no mediar la rápida asistencia médica.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó elementos de convicción que evidencian la gravedad de los hechos y el peligro procesal existente, mientras que la defensa del imputado no logró justificar alternativas a la prisión preventiva. La jueza, tras evaluar los argumentos, determinó que se cumplían los presupuestos del artículo 268 del Código Procesal Penal para imponer la medida coercitiva.
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