El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica dictó nueve meses de prisión preventiva contra Piero Alexander Campos Yarma(33), imputado por el delito de porte ilegal de armas de fuego.
Armas ilegales
La medida fue emitida por el juez Jhiner Julián Najarro Laura, quien determinó que existen graves elementos de convicción para presumir la responsabilidad penal del procesado y garantizar la continuidad de la investigación.
La audiencia de prisión preventiva se llevó a cabo el 10 de septiembre, donde el magistrado evaluó los argumentos del Ministerio Público y de la defensa técnica del acusado. Tras verificar los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal y la jurisprudencia vigente, se dispuso la medida cautelar solicitada por la Fiscalía.
Según el requerimiento fiscal, los hechos ocurrieron el 7 de septiembre en el sector de Tierra Prometida, en Ica, durante un operativo policial de seguridad ciudadana. Campos Yarma fue intervenido a bordo de una mototaxi en actitud sospechosa, y en el registro se halló un morral con tres armas de fuego: un revólver calibre .38 marca Kora Brno, un revólver calibre .38 Jaguar con número de serie erradicado y un arma marca V. Bernardelli Cordoneo, además de varias municiones.
Las armas incautadas fueron remitidas a la Oficina de Criminalística, donde se confirmó su operatividad tras las pruebas balísticas. La Fiscalía precisó que la conducta imputada se encuentra tipificada en el artículo 279-G del Código Penal como delito de peligro común, lo que implica un riesgo directo para la seguridad pública al tratarse de armamento plenamente funcional en posesión irregular.

En su resolución, el juez Najarro Laura enfatizó que la posesión de armas de fuego sin licencia constituye un delito que debe ser sancionado con severidad, dada la amenaza que representa para la tranquilidad ciudadana. Asimismo, señaló que la prisión preventiva es necesaria para evitar un posible riesgo de fuga u obstaculización del proceso.
Finalmente, se dispuso el internamiento inmediato del procesado en un penal que designe el INPE, donde permanecerá hasta el 6 de junio de 2026.
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