El Segundo de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, a cargo del magistrado Jhiner Julián Najarro Laura, dictó siete meses de contra Neil Oliver Shephen Reyes Silva (44), estilista detenido el pasado 21 de septiembre.

Presunta violencia sexual

La medida fue emitida durante la audiencia del 24 de septiembre, tras escuchar los fundamentos del Ministerio Público y la defensa, verificando que se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal.

De acuerdo con el expediente, la intervención policial se produjo a las 23:17 horas del 21 de septiembre de 2025, en un salón de belleza ubicado en la urbanización Sol de Ica. Agentes de la Comisaría de Ica ingresaron al local tras la denuncia de familiares de una menor, quienes alertaron que la adolescente permanecía a solas con el imputado en un establecimiento cerrado. La rápida acción permitió detener al procesado en flagrancia y trasladarlo a la sede del DEPINCRI-Ica.

Durante la diligencia, la Policía levantó diversas actas, entre ellas la notificación de derechos, constancia de buen trato, certificado médico legal y otros documentos que fueron valorados como elementos de convicción en la audiencia judicial. Estos se sumaron al requerimiento del Ministerio Público, que detalló las circunstancias del presunto delito.

Según la investigación fiscal, el 21 de septiembre de 2024, alrededor de las 6:00 de la tarde, Reyes Silva habría aprovechado que se encontraba a solas con la víctima, una adolescente de iniciales B.I.CH.C. (15), para inducirla a consumir bebidas alcohólicas y posteriormente realizar tocamientos indebidos por encima de la ropa, besarla en la boca y expresarle frases de contenido sexual.

El fiscal Andrés Alvarado Colina, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, sostuvo en audiencia que los hechos denunciados se enmarcan en el último párrafo del artículo 176 del Código Penal, que sanciona los actos de connotación sexual sin consentimiento en agravio de menores de edad. En esa línea, argumentó la existencia de graves elementos de convicción, así como riesgos procesales vinculados a una posible obstaculización de la investigación y peligro de fuga.

Finalmente, el juez acogió la solicitud fiscal y dictó prisión preventiva por un plazo de siete meses. La resolución judicial dispone el inmediato internamiento del procesado en el penal que designe el INPE, donde permanecerá hasta el 20 de abril de 2026, mientras el Ministerio Público continúa reuniendo mayores elementos probatorios y testimoniales que definan si corresponde formalizar acusación y llevar el caso a juicio oral.

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