La madrugada del lunes 25 de agosto, el distrito de Parcona volvió a ser sacudido por la que azota la provincia de Ica. Alrededor de las 2:00 a.m., sujetos desconocidos detonaron un frente a la vivienda de un empresario ubicada en la cuarta cuadra del jirón Cuzco.

Ataque criminal

La fuerte explosión dañó seriamente la puerta principal del inmueble y una moderna camioneta negra de placa BSF-936, generando pánico entre los residentes de la zona.

Testigos aseguraron que, tras la detonación, se escucharon al menos cuatro disparos dirigidos contra la fachada de la vivienda, lo que incrementó el terror de la familia afectada. Vecinos señalaron que los atacantes se desplazaban en un vehículo blanco que fue visto a pocas cuadras del lugar, reforzando la versión de que se trató de un ataque planificado bajo la modalidad de extorsión.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía de Investigación Criminal (DEPINCRI) para recabar evidencias, entre ellas casquillos de bala y restos del artefacto explosivo. La identidad del empresario se mantiene en reserva por motivos de seguridad, mientras se evalúa si el ataque está vinculado a amenazas previas.

El atentado en Parcona ha generado una ola de indignación entre los vecinos, quienes advirtieron que los ataques con explosivos ya no son hechos aislados, sino una preocupante tendencia que está golpeando a comerciantes, empresarios y ahora también a las familias.

Como antecedente cercano, la noche del último sábado se registró una fuerte explosión en el local Hakuna Matata, ubicado en la vía de acceso a Huacachina. Según las primeras versiones, delincuentes habrían detonado dinamita en lo que sería un nuevo caso de extorsión contra el sector empresarial. El estallido afectó varios vehículos estacionados, desató el pánico entre los visitantes y evidenció que la criminalidad organizada ha extendido su accionar en diferentes puntos de la provincia.

Los dos ataques ocurridos en menos de 48 horas, en Huacachina y Parcona, confirman que Ica enfrenta una ola de violencia que exige una respuesta inmediata de las autoridades. La población reclama acciones concretas que frenen el avance de la extorsión y devuelvan la tranquilidad a la región, antes de que la situación derive en hechos de consecuencias fatales.

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