:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/98448bc7-d1ed-47a1-909e-fbdec178cdcd.jpg "Foto de Redacción Diario Correo")
La Contraloría General de la República advirtió a la Dirección Regional de Educación de Ica sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos propios en la Institución Educativa Víctor Manuel Maurtua, ubicada en el distrito de Parcona, tras detectar el alquiler de espacios a terceros sin la debida acreditación de contratos. Esta situación podría afectar la transparencia en la percepción y administración de fondos en un colegio que alberga actualmente a 1457 alumnos.
Informe de control
Según el Informe de Orientación de Oficio N° 006-2025-OCI/0723-SOO, correspondiente al periodo del 4 al 5 de febrero de 2025, funcionarios del colegio firmaron contratos en los años 2023 y 2024 para el alquiler de ambientes como quioscos de fotocopiado y cafetín escolar. No obstante, no se encontraron evidencias documentadas de arrendamientos anteriores, ni de los 40 espacios usados como puestos de mercado desde 1998, lo cual impide conocer con precisión el monto real de ingresos propios generados por el plantel.
De los cuatro contratos entregados por el director del centro educativo, tres corresponden al alquiler de dos quioscos de fotocopiadora (2023-2024) y uno al cafetín escolar (2024). Sin embargo, no se acredita documentación previa ni contratos vigentes relacionados al uso comercial de los espacios adicionales, pese a reiteradas solicitudes por parte del órgano de control.
Además, la Contraloría realizó entrevistas selectivas a ocupantes de los puestos de mercado. Algunos comerciantes manifestaron haber firmado contratos desde 1998 o en los últimos cinco años, y señalaron que realizan pagos periódicos directamente a un docente del plantel.
“Pago 120 soles mensuales, 60 por cada puesto, al Sr. Aquije. Cuando no tengo efectivo, lo hago por Yape. Me entregan un recibo”, declaró una de las comerciantes.
La comisión de control confirmó que los pagos se efectúan y se emiten recibos; sin embargo, estos ingresos no se reflejan en el libro de caja de la institución educativa desde el año 2021, lo cual representa un serio riesgo para la transparencia y el adecuado manejo de fondos públicos.
Esta situación podría configurar una presunta responsabilidad administrativa e incluso penal, debido a la omisión de registros contables y a la falta de control sobre los recursos públicos. La Contraloría ha recomendado una revisión exhaustiva de la documentación financiera del plantel y la implementación de mecanismos de fiscalización interna en todas las instituciones educativas públicas que generan ingresos propios.
Ante la difusión del informe, se espera que la Dirección Regional de Educación de Ica tome acciones inmediatas, como la apertura de un proceso disciplinario, la intervención de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) correspondiente y la posible remisión del caso al Ministerio Público si se evidencian indicios de delito. La comunidad educativa y los padres de familia exigen claridad y responsabilidad frente a estos hechos que comprometen la integridad institucional.
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