Nuevamente el Hospital Santa María del Socorro (Ica) en la mira de la Contraloría, esta vez se alertó sobre un favorecimiento en compra de tomógrafo valorizada en más de 3 millones de soles, y que afectó a pacientes por la demora en entrega, además no se aplicó a la empresa la penalidad.
Serie de irregularidades
La Contraloría detectó que funcionarios del Hospital Santa María del Socorro dilataron el tiempo para concretar la adquisición de un tomógrafo computarizado en beneficio de una empresa que finalmente no cumplió con el contrato dentro del plazo establecido, y, pese a ello, se le pagó por la totalidad de la prestación, sin que se le aplique una penalidad por mora de 349 mil 500 soles. La demora en la compra de este dispositivo médico, valorizado en 3 millones 500 mil soles perjudicó a los pacientes del referido nosocomio, ya que tal equipo mejoraría la atención en los casos de COVID-19, teniendo en cuenta que, en ese momento, año 2021, había una emergencia sanitaria por el arribo de una tercera ola de esta enfermedad.
De acuerdo con el Informe de Control Específico N°061-2024-2-5340-SCE, sobre la “contratación y ejecución contractual de tomógrafo computarizado de 128 cortes”, la compra se realizó mediante contratación directa y no por concurso público, debido a la urgencia por el incremento de casos de COVID-19, y comprendía su instalación, puesta en funcionamiento y acondicionamiento del ambiente en el que operaría. El ganador fue el Grupo Empresarial Hevasud S.A.C.
El órgano de control advirtió que tampoco cumplió con sus obligaciones contractuales dentro de dicho periodo, puesto que se verificó hasta tres entregas extemporáneas de componentes del tomógrafo, así como trabajos tardíos de acondicionamiento y falta de documentos, como el certificado de garantía del fabricante del equipo.
“Los servidores a los que les correspondía la recepción y conformidad, ni por el servidor a cargo del órgano encargado de las contrataciones, quienes no exigieron al contratista el cumplimiento de la prestación dentro del plazo y no evidenciaron su incumplimiento, sino que además registraron la recepción y conformidad cuando la prestación no había sido culminada, propiciando y permitiendo el pago por la totalidad del monto contratado, sin la aplicación de la penalidad máxima por mora en la ejecución de la prestación”, se lee en el informe.
Presunta responsabilidad
En este caso, se identificó la presunta responsabilidad penal y administrativa en cinco funcionarios que laboraron durante los años 2021, 2022 y 2023. La responsabilidad administrativa en Víctor Chumpitaz Quispe, quien fue el jefe de la Dirección Administrativa en un periodo del 2021 al 2022, también se halló responsabilidad penal en Junior Luiggi Cerna Páucar, quien fue jefe de la Unidad de Logística entre el 2021 y 2022, César Américo Olave Ayme (coordinador general del área COVID-19), Zaida Katherine García Rojas (jefe de la Unidad de Mantenimiento Hospitalario) y Walter Antonio López Aparcana (encargado del área de almacén).
Se notificó al director ejecutivo del Hospital Santa María del Socorro, Dr. Ricardo Martínez Muñante. “Se recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar a este Órgano de Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto”, indica el Oficio N° 001025-2024-CG/OC5340-2024-CG/OC5340, firmado por Lucía Adriana Benavides Quijandria, jefa del Órgano de Control Institucional Gobierno Regional de Ica- Contraloría General de la República.
VIDEO RECOMENDADO
