La incertidumbre por la y el rectorado de la continua, ya que ayer se desplegó un gran contingente policial y presencia del Ministerio Público para una diligencia de desalojo, la cual quedó suspendida.

Diligencia fiscal

El Rectorado de la UNICA, la Ciudad Universitaria, el Local Central y otros locales de la primera casa de estudios de la región Ica, fueron tomados desde el pasado 4 de diciembre del 2022 por un grupo de manifestantes quienes desconocen el mandato del rector Anselmo Magallanes y exigen que se designe como nueva autoridad universitaria al docente más antiguo, esto tras la promulgación de la Ley N° 31635, que dice: Derogación del artículo 6 del Decreto Legislativo 1496, y deroga la prórroga del mandato de autoridades universitarias. Por ello señalan que el pasado 1 de setiembre del 2022, cesoó el mandato de Magallanes y la prórroga hasta julio del 2023 quedaría sin efecto.

Ante la crítica situación, el Frente Policial Ica desplegó un fuerte contingente de agentes policiales para ejecutar una diligencia de desalojo, en conjunto con la fiscal Pilar Urbina, representante del Ministerio Público, quienes llegaron hasta la Urb. San José, donde se ubica el Rectorado y evidenciaron que sus instalaciones llevan más de tres semanas cerradas con cadenas y en su interior y exterior se encuentran grupos de manifestantes.

Tras más de una hora de diligencia con presencia de representantes legales del grupo de protestantes y de la universidad, se levantó un acta de exhortación para el retiro pacífico de los manifestantes del Rectorado y otras sedes universitarias y se suspendió el desalojo, teniendo como motivo una sesión ordinaria de la Comisión de Educación del Congreso de la República en Lima, donde se invitó al ministro de Educación, Óscar Becerra para que se esclarezca el tema. “Van a decidir en Lima la Comisión del Congreso en horas de la tarde. Se les ha realizado una exhortación en todos los locales universitarios, en la misma Ciudad Universitaria”, declaró la representante fiscal.

Egresados perjudicados

Esta decisión no fue de conformidad. El abogado Rudecindo Gutiérrez Valdez, director de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la UNICA, indicó que la orden de desalojo debió ser ejecutada, ya que son varias semanas de toma radical de los locales del Estado, generando perjuicio en trámites de egresados y trabajadores, además de vulnerar el derecho de los estudiantes.

“Los ambientes de la universidad han sido tomados en forma de secuestro o extorsión y por eso responsabilizó de esta suspensión de la diligencia a la doctora Pilar Urbina, porque no ha proveído con la diligencia de desalojo el cual ya estaba programado. Hacemos un llamado a la presidenta de la Junta de Fiscales que actúe de oficio y vea que haya fiscales idóneas y hagan las diligencias porque no pueden estar los locales secuestrados, son más de 23 días y siguen tomados los ambientes”, declaró.

El asesor legal enfatizó en que existe una mala interpretación de la Ley, ya que esta no es retroactiva, y su promulgación debe cumplirse después de su publicación, y no aplica en la prórroga de mandato del rector Anselmo Magallanes que fue aprobada en agosto pasado.

“La Oficina de Registro de Firma de la Sunedu no se ha pronunciado y al no pronunciarse hasta la fecha que son más de 20 días de toma, damos por entendido que la autoridad que fue prorrogada es el doctor Anselmo Magallanes y sigue en el cargo. Su mandato se prorrogó el 12 de agosto para que pueda culminar el Comité Electoral Universitario la labor de elegir a los representantes de la Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de Facultad. Toda ley surge efectos legales, jurídicos a partir del día siguiente de su publicación y el 3 de diciembre se derogó ese artículo, quiere decir que a partir de esa fecha en adelante ya no se va a prorrogar mandato de alguna autoridad”, finalizó.

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