Un reciente informe de la General de la República ha puesto bajo la lupa la ejecución y liquidación del “Servicio de restablecimiento de defensas ribereñas en el sector Huarangal 3-4”, ubicado en el distrito de , en la provincia de Ica.

Alerta estructural

El proyecto fue ejecutado por contratación directa a raíz de la declaratoria de emergencia por lluvias intensas, con una inversión de S/ 4 950 469,00 y bajo la responsabilidad de la empresa Constructora & Consultora Copol S.R.L. Sin embargo, la Contraloría advierte que no existe una liquidación técnico-financiera integral, lo que impide determinar con certeza el uso real de los recursos y vulnera principios clave como la transparencia presupuestal y la rendición de cuentas.

Además, el informe detalla un segundo hecho preocupante: el deterioro del dique construido por desprendimiento de material, causado por la instalación de tomas de agua no previstas en el diseño original. Estas modificaciones fueron incorporadas sin sustento técnico, únicamente a pedido de la población, y ya presentan signos de erosión y socavación que podrían poner en riesgo la estabilidad de la estructura en caso de una nueva crecida del río.

Durante la inspección realizada en mayo de este año, también se constató que el enrocado ejecutado no coincide con lo estipulado en los planos aprobados. Las autoridades del PETACC no presentaron documentación formal que respalde estos cambios. Incluso, el propio director de la Subjefatura de Obras reconoció que se actuó sin estudios hidráulicos ni autorización de entidades como la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

El informe señala que las decisiones tomadas se basaron en “experiencia empírica” y no en criterios técnicos establecidos, lo que podría derivar en fallas graves que afectarían a las comunidades cercanas. En paralelo, la falta de control documentario y el incumplimiento de protocolos elevan el riesgo de que esta intervención no cumpla con su objetivo principal: prevenir inundaciones y proteger a la población.

La Contraloría ha recomendado al titular del Proyecto Tambo Ccaracocha adoptar acciones inmediatas para corregir las fallas detectadas y rendir cuentas sobre lo ejecutado. También exige que se informe en un plazo máximo de cinco días hábiles sobre las medidas adoptadas, acompañadas de la documentación correspondiente.

Este caso se suma a otros proyectos de emergencia que han terminado cuestionados por su improvisación, baja calidad técnica y limitada supervisión. En un contexto donde las lluvias extremas amenazan con mayor frecuencia al sur del país, el uso eficiente y transparente de los recursos públicos se vuelve más urgente que nunca.

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