Un informe de control emitido por la Contraloría General de la República reveló serias irregularidades en el proyecto de inversión “Creación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en el Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo y Monitoreo del distrito de Ica”, ejecutado por el Gobierno Regional de Ica. La investigación abarcó desde el 15 de julio hasta el 14 de agosto de 2024 y se centró en la aprobación del expediente técnico a nivel de presupuesto.
Presunto sobrecosto
El informe señala que uno de los principales problemas detectados fue el incremento del porcentaje de gastos generales establecidos en el convenio de inversión. El porcentaje original, que debía ser del 12%, fue elevado al 17.55% en el expediente técnico aprobado, lo que generaría un sobrecosto de más de 2.9 millones de soles. Según la Contraloría, este incremento no fue advertido ni por la entidad supervisora ni por el Gobierno Regional, poniendo en riesgo el uso adecuado de los recursos públicos.
El proyecto, que tiene como objetivo mejorar el servicio de seguridad ciudadana en Ica mediante la instalación de cámaras de videovigilancia, centros de monitoreo, y la adquisición de vehículos y motos para patrullaje, fue adjudicado al consorcio privado Ica, compuesto por las empresas Segumax Táctica S.A.C. y SYM Servicios Integrales Perú S.A.C. Sin embargo, el aumento no justificado de los costos en la etapa de ejecución compromete la transparencia del proceso.
Además de los problemas relacionados con el porcentaje de gastos generales, el informe también detectó que algunas partidas del presupuesto carecen de un sustento técnico adecuado. Específicamente, se señala que no se presentaron desagregados ni cotizaciones que justifiquen los precios unitarios de los recursos utilizados, lo que podría afectar la precisión de la valorización del proyecto.
Entre las partidas cuestionadas figuran las relacionadas con el manejo ambiental, la gestión de residuos y la educación ambiental, que, según la Contraloría, no cuentan con especificaciones claras sobre su ejecución y control. Esta falta de documentación adecuada impide garantizar que los recursos sean utilizados de manera eficiente y transparente.
Un aspecto adicional que genera discusión es el involucramiento de Segumax Táctica S.A.C., una de las empresas del consorcio encargado del proyecto, que ganó contratos por más de 162 millones de soles a través de un aumento sospechoso de capital. Esta compañía, fundada en 2014 con apenas 5 mil soles, experimentó un ascenso meteórico luego de inyectar 50 millones de soles provenientes de un bono de reconstrucción de 1983, hecho que levantó sospechas de irregularidades. Entre 2017 y 2018, Carlos Morán, exministro del Interior en gobierno del expresidente Martín Vizcarra, fue su apoderado.
Finalmente, el informe recalca la necesidad de que el Gobierno Regional y la entidad supervisora asuman su responsabilidad en la fiscalización de este tipo de proyectos, con el fin de garantizar una correcta ejecución que beneficie a la población de Ica sin comprometer el uso de los fondos públicos.
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