A través de un post en su cuenta de Facebook, el exgobernador regional de Ica, Javier Gallegos Barrientos, se pronunció sobre la decisión judicial de acumular las investigaciones que lo vinculan a presuntos hechos de corrupción relacionados con el tráfico de licencias de conducir.
Posición de ex autoridad
“La justicia tarda, pero llega. No se puede juzgar dos veces por el mismo hecho. En la audiencia de hoy se resolvió acumular las investigaciones”, escribió Gallegos el pasado 20 de octubre, en clara referencia al caso conocido como “Los Acelerados del Sur”, que viene siendo investigado por el Ministerio Público como una supuesta organización criminal.
Cabe señalar que, Gallegos es investigado en dos carpetas fiscales distintas por hechos similares ocurridos durante su gestión (2019–2022), ambos relacionados con el tráfico irregular de licencias de conducir.
El primer caso, denominado “Tramitadores”, involucra a exdirectores de Transportes del Gobierno Regional de Ica, así como a personal administrativo y tramitadores externos. El segundo, más reciente, lleva el nombre de “Los Acelerados del Sur” y amplía la red de implicados en una presunta estructura criminal dedicada a gestionar brevetes de forma ilícita.
Sin embargo, la defensa de los imputados argumentó que los hechos y los implicados serían los mismos, por lo que llevar dos procesos paralelos constituiría una doble persecución penal.
La controversia se discutió inicialmente en una audiencia programada el 16 de octubre, en la que se presentó una tutela de derechos cuestionando la legalidad de mantener dos investigaciones activas por los mismos delitos.
Fue recién en la audiencia del 20 de octubre que el juez, con participación de las defensas, dispuso acumular ambas investigaciones, reconociendo que podrían estar dirigidas a los mismos hechos y personas.
El abogado Wilmer Pacheco, defensor de uno de los investigados, señaló que varios de sus patrocinados ya vienen siendo procesados en la primera investigación.
Pese a la acumulación de expedientes, la investigación contra Gallegos y otros exfuncionarios continúa. El Ministerio Público busca establecer el nivel de responsabilidad de los implicados y determinar si existió una organización criminal estructurada dentro del Gobierno Regional de Ica dedicada al otorgamiento irregular de licencias de conducir.
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