En una reciente declaración, el general Manuel Vidarte Pérrigo, jefe del frente policial de Ica, reveló que un total de 23 efectivos policiales están siendo investigados entre enero y julio de 2021 por diversos delitos. De estos, 16 oficiales se encuentran en “suspensión del servicio temporal”, mientras que otros 6 han sido colocados en “cese temporal del empleo”.
Corrupción policial
Algunos de los oficiales bajo investigación ya se encuentran recluidos con prisión preventiva de 18 meses. Entre ellos se destacan el excomisario de La Tinguiña, Juan Carlos Pinto Loaiza, y el alférez Enzo José Ñaccha García, quienes enfrentan acusaciones por presunto cohecho pasivo y participación en una banda criminal. El general Vidarte enfatizó que, de comprobarse su culpabilidad, se procederá a darles de baja de forma inmediata, sumándose a las sanciones penales.
A esto se le suma que el pasado jueves 26 de septiembre, dos suboficiales de la PNP fueron detenidos en flagrancia en un operativo anticorrupción liderado por la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de Ica. Los agentes implicados, Saulo Tipismana Gálvez y Temístocle Pierre Vizarreta Hernández, pertenecientes a la unidad de tránsito, son investigados por su presunta implicación en hechos de corrupción en agravio del Estado.
La detención de estos suboficiales se llevó a cabo tras la denuncia de un ciudadano, quien presentó pruebas contundentes sobre el comportamiento irregular de los agentes. Según la información trascendida, ambos oficiales habrían violado el Código Penal y las normativas que regulan la conducta de los funcionarios públicos, al aceptar sobornos a cambio de favores en sus funciones policiales.
Los policías detenidos enfrentan cargos por el delito de cohecho pasivo propio, una modalidad de corrupción que consiste en la aceptación de dinero o beneficios a cambio de favores ilícitos. Esta forma de corrupción afecta gravemente la credibilidad de la PNP, y el caso se encuentra en etapa de investigación para esclarecer todos los hechos.
Desde el comando policial, se ha asegurado que, de confirmarse la culpabilidad de los agentes, las sanciones incluirían su destitución inmediata. Las autoridades judiciales competentes serán las encargadas de determinar las responsabilidades legales en los próximos días.
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