En un nuevo y preocupante capítulo del crimen organizado en el país, la Policía Nacional del Perú ha revelado importantes hallazgos sobre el asesinato del comunicador iqueño Gastón Medina Sotomayor, ocurrido el pasado 20 de enero en plena vía pública.
Periodismo amenazado
Las investigaciones señalan que el crimen no fue un acto aislado, sino parte de una operación meticulosamente planificada por una red criminal transnacional compuesta en su mayoría por ciudadanos venezolanos vinculados al “Tren de Aragua” y a una facción de “Los Hijos de Dios”.
Según información proporcionada por el coronel Benjamín Trigoso, jefe de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de Ica, la ejecución del asesinato involucró a al menos cinco individuos. El operativo delictivo se caracterizó por su alto grado de coordinación y logística: se emplearon tres vehículos —un automóvil color plomo, una mototaxi y una moto lineal— que fueron utilizados estratégicamente para realizar vigilancia, transportar el arma homicida y facilitar el escape del sicario. Desde tempranas horas de la mañana, los involucrados merodeaban las inmediaciones del domicilio de Medina Sotomayor en la calle Alhelíes.
La captura de uno de los principales implicados, identificando como Pablo Javier Echevarría Flores, alias “Barrabás”, de 28 años y nacionalidad venezolana, marcó un giro significativo en las investigaciones. Echevarría fue intervenido en el distrito de Subtanjalla, la madrugada del 16 de enero, en un operativo conjunto con la Fiscalía. De acuerdo a las autoridades, las imágenes de videovigilancia lo vinculan directamente con el momento en que se efectuó el disparo.
En paralelo, la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ica y Cañete ejecutó una orden de allanamiento en el penal Cristo Rey de Cachiche. Allí permanece recluido Johanderson Parra Tayupo (27), alias “Parra”, también venezolano, quien cumple prisión preventiva por otra investigación vinculada a la banda “Los Bravos del Vuelo”, dedicada a delitos de micro comercialización de drogas, marcaje y sicariato. Según la policía, Parra habría sido quien trasladó el arma utilizada en el asesinato y habría coordinado parte del operativo previo a su detención.
La reconstrucción de los hechos, a cargo del equipo especializado de la DIVINCRI, establece que el día del crimen, los cinco sujetos vigilaron durante más de tres horas los movimientos de la víctima. A las 11 de la mañana, un miembro de la banda avisó que Medina se aproximaba a su vivienda por la avenida Cutervo. En ese momento, Echevarría —quien ya se encontraba a bordo de una moto lineal— recibió el arma homicida y, segundos después, disparó contra el comunicador, causándole la muerte. Los agresores huyeron inmediatamente utilizando las rutas previamente coordinadas.
Además de “Barrabás” y “Parra”, las investigaciones ya han identificado a otros tres presuntos implicados, todos de nacionalidad venezolana: Felipe Alejandro Zavaleta Ramírez, alias “Matatán, Viejo o Pelado”; Olfran Domingo Días Ramos, alias “Pancho”; y Luis Antonio Aguilar Azuaje, alias “Cheo”. Los tres permanecen prófugos de la justicia y cuentan con órdenes de captura tanto a nivel nacional como internacional. La Policía Nacional ha activado la alerta migratoria y está coordinando con Interpol para su ubicación y captura.
En el domicilio de Echevarría, las autoridades incautaron celulares, chips, tarjetas SIM y otros dispositivos tecnológicos que están siendo analizados por expertos en criminalística digital. El general PNP Fernando Samamé Sánchez, jefe de la Región Policial de Ica, confirmó la vinculación directa de los detenidos con redes criminales extranjeras. Aunque no se ha determinado aún si Echevarría fue el autor material del disparo, las evidencias visuales respaldan esta hipótesis de manera contundente.
Hasta el momento, las autoridades consideran que existe evidencia sólida contra los ejecutores materiales del crimen, pero el caso se mantiene abierto mientras se sigue identificando a los autores intelectuales. Familiares y organizaciones defensoras de la prensa han exigido celeridad y transparencia en el proceso, recordando que este caso refleja el creciente riesgo que enfrentan los periodistas en regiones donde el crimen organizado ha echado raíces.
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