Sentencian al ex rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, Anselmo Magallanes por el delito de peculado de uso. En su gestión universitaria dispuso los buses de la primera casa superior de estudios para trasladar a trabajadores de otra institución a un almuerzo de camaradería en una exclusiva hacienda de Ica.
Proceso judicial
El Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de la fiscal provincial, Noris Ricse Cisneros obtuvo una sentencia condenatoria de 2 años y 10 meses de pena privativa de libertad suspendida contra Anselmo Magallanes Carrillo, ex rector de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, Reymundo Calderón Pino, ex Director de la Oficina General de Mantenimiento y Simón Arturo Gallegos López, ex responsable de la Unidad de Transportes, como coautores del delito de peculado de uso, en agravio del Estado Peruano representado por la Procuraduría Pública Anticorrupción de Ica.
La representante del Ministerio Público logró acreditar la responsabilidad penal de los sentenciados durante el juicio oral llevado a cabo el 13 de octubre del 2025. La investigación se remonta al 15 de marzo del 2019, fecha en la que el ex rector Magallanes Carrillo habría autorizado el uso de dos buses de propiedad de la universidad, destinados originalmente al traslado de estudiantes, para fines ajenos a sus funciones.
Los acusados, de manera indebida, dispusieron los vehículos para el traslado de invitados y autoridades de la Corte Superior de Justicia de Ica a un almuerzo de camaradería en la Hacienda San Juan, no siendo esta una actividad protocolar o académica propia de la universidad. Esta acción constituyó un uso indebido de los vehículos, orientado a congraciarse con autoridades del Poder Judicial de Ica.
Además de la pena privativa de libertad suspendida, el juzgado impuso a los sentenciados un periodo de prueba de 1 año y 6 meses, sujeto a reglas de conducta.
Asimismo, se dictó la inhabilitación de los sentenciados por el plazo de 2 años y 10 meses para ejercer cualquier función, cargo o comisión pública, o para obtener cualquier mandato o empleo de carácter público.
Finalmente, los sentenciados deberán pagar S/. 11,000.00 (Once Mil Soles) por concepto de reparación civil a favor del Estado Peruano, representado por la Procuraduría Pública Anticorrupción de Ica.
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