Los del sector agroexportador en Ica han expresado su rotundo rechazo a la propuesta de la , argumentando que esta solo beneficia a las grandes empresas del sector mientras precariza aún más sus condiciones laborales.

Dignidad laboral

En un pronunciamiento firmado por diversas organizaciones sindicales, se advierte que la propuesta representa un retroceso en derechos laborales y consolida un modelo de desigualdad en el sector.

Uno de los principales cuestionamientos de los trabajadores es que la nueva normativa plantea mayores incentivos para las agroexportadoras sin mejorar las condiciones de los empleados. Denuncian que, mientras estas compañías reciben más beneficios económicos y tributarios, los trabajadores continúan enfrentando bajos salarios, inestabilidad laboral y condiciones precarias.

Además, el pronunciamiento critica que el proyecto de ley mantiene en apenas un 6% el aporte de las empresas a EsSalud, cifra que consideran insuficiente para garantizar una atención médica adecuada a los trabajadores. Exigen que este porcentaje se incremente con el objetivo de evitar el déficit de atención en los hospitales y centros de salud.

Otra de las preocupaciones de los sindicatos es la reducción de la capacidad fiscalizadora de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Según los representantes sindicales, en lugar de fortalecer la supervisión de las empresas formales, la propuesta de ley favorece la informalidad y debilita la protección de los derechos laborales, dejando a los trabajadores aún más expuestos a abusos por parte de las empresas.

Ante esta situación, los sindicatos han hecho un llamado al Congreso para que garantice una ley que priorice el bienestar de los trabajadores. Entre sus principales demandas están el aumento de los salarios y la mejora de sus condiciones laborales, una fiscalización efectiva para evitar abusos y el incremento del aporte de las agroexportadoras a EsSalud.

Finalmente, los sindicatos exhortaron a los congresistas de Ica a respaldar las demandas de los trabajadores y rechazar cualquier propuesta legislativa que solo favorezca a los grandes grupos empresariales.

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