La Contraloría General de la República advirtió en un informe de control, que la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica otorgó la buena pro y firmó contrato con un postor por cerca de 4 millones de soles, para la ejecución de la obra “Reconstrucción y equipamiento de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos, en la sede de Pisco”. Sin embargo, la empresa presentó cartas fianzas falsas, entre otras irregularidades, que le permitieron beneficiarse con adelantos de obra. Se generó un perjuicio económico por más de 200 mil soles.
Exhaustiva fiscalización
De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 021-2023-2-0208-AC, en la gestión del exrector de la UNICA, Anselmo Magallanes, en diciembre de 2020, el comité de selección otorgó por unanimidad la buena pro al postor KAWIGE S.A. C, con un monto adjudicado de 3 millones 997 mil 097,26 soles. La mencionada empresa presentó el documento Carta de Línea de Crédito LCNRSG/ 0535- 2020 de 14 de diciembre de 2020, emitida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Niño Rey Huamanga -Ayacucho”; cooperativa que al estar en el nivel de operaciones uno, no estaba facultada a otorgar avales y fianzas a sus socios en el marco de las Contrataciones con el Estado. Debiendo la oferta de la empresa ser declarado no admitida; sin embargo, se favoreció con el otorgamiento de la buena por millones de soles.
Asimismo, el postor ganador no presentó el calendario de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra ni la memoria con las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración del Programa de Ejecución de Obra. Además, el personal clave presentado por la contratista, no cumplía con acreditar la experiencia profesional solicitada en las bases; y la Carta fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento era falsa, debiendo haberse declarado desierto el procedimiento de selección. El proceso continuó y la UNICA suscribió contrato con el postor ganador KAWIGE S.A. C.
El órgano de control detalló que el contratista acreditó su solvencia económica con la presentación de una línea de crédito de S/ 2.664.731 (6 % del valor referencial del proyecto que es de S/ 4.441.219) emitida por una caja de ahorro y crédito que de acuerdo con lo señalado por la Superintendencia de Banca y Seguro y AFP del Perú (SBS) no puede otorgar avales o fianzas para procesos de contrataciones con el Estado. De igual forma, la UNICA no detectó dicha irregularidad y durante el perfeccionamiento del contrato tampoco advirtió que el postor presentó una garantía de fiel cumplimiento falsa por 399 mil 709 soles a nombre de la reconocida financiera CrediScotia S. A que nunca emitió tal documento y que tres de sus profesionales clave (residente de obra, especialista eléctrico y especialista en seguridad y salud) no cumplían con la experiencia requerida.
En la misma línea, la entidad pagó a la contratista el adelanto directo de obra por el importe de S/ 599.564 sin constatar la autenticidad de la carta fianza y de las dos renovaciones que presentó en su petición. Asimismo, le otorgó el adelanto de materiales por la suma de S/ 999.274, pese a que éste lo solicitó fuera de plazo y sin adjuntar el calendario de adquisición de materiales y factura de pago y sin verificar la nueva garantía presentada para este adelanto.
Perjuicio económico
La comisión de control constató que las mencionadas cartas fianzas nunca fueron verídicas y cuando la entidad tuvo conocimiento de ello decidió anular el contrato, pero hasta ese momento el contratista ya había recibido una suma más alta de lo que le correspondía por los trabajos ejecutados (S/2.872.656) y debía devolver 205 mil 102 soles.
La Contraloría encontró responsabilidad administrativa funcional en Divina Amparo Vargas Pérez, quien fue directora de la Oficina General de Administración y en Adolfo Guillermo Gavilán Ore, director de la Oficina de Asesoría Jurídica.
Mientras que otros extrabajadores también tienen responsabilidad administrativa y hasta penal, en este caso Roberto Angulo Quispe, quien fue director de la oficina de Abastecimiento y miembro II del comité de Selección para el proceso, también Carlos Enrique Soldevilla Choque, quien fue director de la Oficina de Infraestructura y jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones. Del mismo modo Arturo Fabián Godoy Pereyra quien actualmente continúa trabajando en la UNICA como director de la Oficina de Supervisión de Obras y fue miembro I del Comité de Selección para el proceso.
Cabe señalar que la obra fue concluida por otra empresa y hasta la actualidad la entidad no ha realizado conciliación, arbitraje o acción legal alguna para intentar recuperar el dinero que no entregó el anterior contratista.
VIDEO RECOMENDADO
