La Fiscalía de Nasca ha iniciado una investigación preliminar contra funcionarios por presunta responsabilidad en la drástica reducción de más de 2,397 kilómetros cuadrados del área protegida que resguarda las emblemáticas Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, reconocidos como Patrimonio Mundial por la Unesco.
Presunto favorecimiento a mineras
El caso involucra a Jeanette Gutiérrez Achulla, jefa de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica; Johny Isla Cuadrado, responsable del Sistema de Gestión Nasca – Palpa; y al alcalde provincial de Nasca, William Bravo Quispe. A los tres se les investiga por los presuntos delitos de atentado contra monumentos arqueológicos, omisión de deberes funcionales y abuso de autoridad en perjuicio del Estado.
De acuerdo con la fiscalía, una resolución viceministerial emitida por la DDC de Ica —la N° 000128-2025-VMPCIC/MC— recortó el área de protección de 5,633.47 km² a solo 3,235 km². Esta modificación dejó sin protección legal más de 100 sitios arqueológicos de valor histórico y cultural.
La medida, que habría sido adoptada sin cumplir los procedimientos técnicos y normativos, ha generado preocupación por un posible trasfondo de intereses particulares, principalmente relacionados con actividades mineras y tráfico de tierras.
El Ministerio Público, a través del Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nasca, ha fijado un plazo de 60 días para esta investigación inicial, aunque podría ampliarse conforme se desarrollen las diligencias.
Adicionalmente, la Fiscalía Superior Penal Gestora de la Segunda Fiscalía Coordinadora Penal de Santiago de Surco - Barranco ha incluido en sus pesquisas a otros funcionarios del Ministerio de Cultura, entre ellos el ministro Fabricio Valencia Gibaja. Por la complejidad del caso, también se ha trasladado parte de la indagación a la Fiscalía Corporativa de Corrupción de Funcionarios de Ica, donde ya se investiga un posible caso de cohecho.
Cabe señalar que, Las Líneas de Nasca, fueron declaradas Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la UNESCO el 17 de diciembre de 1994, son consideradas los geoglifos más destacados del mundo, incomparables en magnitud y diversidad. Sin embargo, el nuevo recorte territorial encendió las alarmas por una presunta intención de favorecer actividades ilegales, entre ellas minería informal y tráfico de terrenos, según denuncias de diversas organizaciones profesionales.
En una última conferencia de prensa, el 1 de julio, el guía turístico Leo Rojas, señaló que dentro del nuevo perímetro liberado existen actividades humanas que ya han dañado geoglifos, como plantas mineras informales, proyectos agrícolas sin fiscalización y zonas con basura, restos de petróleo y construcciones ilegales.
Entre los puntos más críticos se mencionó la Pampa de Chauchilla, donde una figura morfológica con forma de cola de ave ha sido afectada por prácticas como el motocross. En Tulin, se denunció la existencia de una planta minera a pocos metros de un trapecio, mientras que en zonas como Huiracangana —reconocida como área natural protegida— los cerros donde habitan especies como el huanaco y el zorro salvaje se encuentran en peligro.
Durante la conferencia también se reportó que los acueductos prehispánicos de Cantayo —algunos de los cuales ya han colapsado— no están siendo conservados ni por el Ministerio de Cultura ni por las autoridades locales. Antes se reportaban 3 o 4 acueductos dañados; hoy ya serían entre 8 y 10.
En otras zonas como Quemazón, Socos y Los Paredones (a tan solo un kilómetro del centro de Nasca), también se ha registrado afectación directa. En Los Paredones, por ejemplo, se habría detonado dinamita para abrir una cantera bajo el pretexto de extraer piedras, pese a ser parte del área protegida.
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