El Ministerio Público informó que en la región se continúan evidenciando casos de y servidores corruptos, ya que solo en el primer trimestre del 2022, han logrado que seis personas sean por estar involucradas en actos ilícitos.

Casos a escala regional

Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, reportaron que, desde enero a marzo del presente año, en Ica se condenaron a cinco funcionarios públicos y a un servidor. Estas sentencias han sido logradas ya que la Fiscalía presentó ante las autoridades judiciales diversas pruebas que pudieron comprobar el delito. La cifra de los tres primeros meses, presenta una elevación a comparación de todo el año 2021, donde se condenó a 10 personas por corrupción.

Asimismo, en el balance trimestral se revela que a nivel nacional fueron un total de 388 personas condenadas por casos de corrupción. Los delitos que encabezan los condenados son cohecho activo (soborno) y peculado simple (uso de recursos públicos) por apropiación para sí. Además, las fiscalías anticorrupción han recibido 2566 denuncias en todo el Perú.

Cientos de denuncias

En tanto, en el balance estadístico de citadas fiscalías se indica que, desde enero a diciembre del año pasado, en el departamento iqueño se reportaron un total de 457 denuncias por corrupción. Para ese mismo periodo de tiempo solo se resolvieron el 25.1 % (115), mientras que 342 quedaron en trámite. De igual forma, ese año el Distrito Fiscal de Ica declaró fundado un total de nueve pedidos de prisión preventiva, 8 personas se encuentran en la cárcel hasta que se determine su sentencia y una de ellas con comparecencia restringida.

Cabe señalar que el caso más sonado en la región, se dio a conocer en agosto del 2021 y fue el de Jill Stefany Chacaliaza Castro, asistente administrativa de la Primera Fiscalía Superior Penal de Ica, a quien se le acusa de recibir una coima de ochenta mil soles, a cambio de archivar un caso por el delito de violación sexual en agravio de una persona con identidad reservada.

Frente a ello y en menos de una semana tras su captura, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica dictó doce meses de prisión preventiva hacia la entonces asistente fiscal por ser la presunta autora de la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales.

Asimismo, el año pasado, el policía Ricardo Alonso Carriano Soto fue sentenciado a 6 años de cárcel, por el delito de cohecho pasivo propio. El integrante policial fue acusado de pedirle 100 soles a un mototaxista para no imponer una multa y no trasladar el vehículo al depósito municipal, reteniendo el DNI y la tarjeta de propiedad del conductor mientras este conseguía el dinero solicitado.

TAGS RELACIONADOS