La Comisión Especial de Fiscalización del Control Concurrente y Lucha Anticorrupción, presidida por el congresista José Luna Gálvez, inspeccionó el estado del Mega Penal de Ica, encontrando una infraestructura abandonada, con fierros oxidados y escombros.
Inversión perdida
La obra, que debería albergar a miles de reclusos, lleva cinco años sin avances, mientras su costo se ha incrementado de S/ 269 millones a S/ 743 millones, sin una explicación clara sobre el destino de los fondos.
El proyecto, concebido para aliviar la sobrepoblación carcelaria en el país, tenía como objetivo alojar a 3,200 internos en 944 celdas. Su construcción comenzó en 2018 con una inversión inicial de S/ 380 millones y debía ser entregado en 2020. Sin embargo, en ese mismo año, el proyecto quedó paralizado debido a disputas contractuales entre el consorcio constructor, conformado por las empresas Impresa Pizzarotti & C.S.P.A., CMO Group S.A. y Constructora MPM S.A., y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Un informe reciente de la Contraloría General de la República reveló que el costo del proyecto se disparó a más de S/ 700 millones, duplicando su inversión inicial. A pesar de que parte de la infraestructura ya ha sido levantada, aún faltarían por ejecutar S/ 503 millones para su culminación. Sin embargo, en el presupuesto 2024, solo se han destinado S/ 30 millones para actualizar el expediente técnico, lo que retrasa aún más la reanudación de los trabajos.
Las autoridades han prometido que la construcción finalizará en 2025. No obstante, los antecedentes del proyecto y la falta de avances generan dudas sobre si finalmente se cumplirá con este nuevo cronograma.
El 24 de febrero de 2025, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, visitó el lugar para verificar las acciones implementadas para la reanudación de la obra. Arana destacó que este penal es una de las infraestructuras más importantes dentro de la política penitenciaria nacional y señaló que a más tardar en julio se definirá la forma y el proceso de ejecución de la construcción.
Por su parte, el congresista Muñante resaltó la necesidad de acelerar la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios para enfrentar la sobrepoblación de reclusos en el país. “Lamentablemente, la falta de infraestructura adecuada nos ha llevado a una crisis penitenciaria que debemos solucionar con rapidez”, indicó el parlamentario.
El Mega Penal de Ica es parte de una serie de obras públicas paralizadas en la región. Según la Comisión Especial de Fiscalización, existen más de 16 proyectos detenidos en Ica, lo que evidencia un grave problema de gestión y corrupción en la administración pública. La falta de planificación y transparencia sigue afectando el desarrollo de la región y del país.
La paralización de esta obra no solo afecta la lucha contra la criminalidad, sino que también representa un derroche de dinero público. Mientras tanto, las cárceles del país siguen enfrentando problemas de hacinamiento y violencia, lo que pone en riesgo tanto a los internos como al personal penitenciario.
Desde el Congreso y la Contraloría se han comprometido a seguir fiscalizando la obra y a investigar el destino de los fondos millonarios asignados al proyecto. La ciudadanía, por su parte, exige justicia y que los responsables de esta paralización rindan cuentas ante la ley. La construcción del Mega Penal de Ica es una necesidad urgente para la seguridad del país, y su conclusión no puede seguir postergándose.
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