El fiscal provincial de la Segunda fiscalía provincial Penal Corporativa, Hugo Ricardo Umiña Cruz, en la provincia de Nasca, se encuentra en el centro de una creciente controversia debido a decisiones aparentemente contradictorias en casos relacionados con la tenencia de explosivos. La polémica ha surgido a raíz de dos incidentes recientes que han puesto en duda sus acciones judiciales.
Contradictorias en casos
El primer caso involucra a Michael Rubén Chuzón Suclupe, un conductor de 32 años detenido en el kilómetro 4 de la vía Interoceánica mientras transportaba cuatro rollos de mecha lenta y dos cajas de fulminantes. Chuzón Suclupe alegó que los explosivos no eran de su propiedad y que los estaba transportando como un favor para un conocido. A pesar de sus declaraciones, el fiscal Umiña Cruz lo acusó de fabricación o tenencia ilegal de explosivos y solicitó prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones. Este enfoque riguroso ha sido cuestionado por algunos sectores de la sociedad, quienes consideran la medida excesiva.
En contraste, pocos días antes, el fiscal Umiña Cruz tomó una decisión diferente en otro caso. La policía había detenido a Jhon Fernando Luque Gutiérrez, Daniel Paredes Curro y Jorge Emilio Huamaní Oscco con un cargamento considerable de 350 cajas de mecha lenta. Sin embargo, Umiña Cruz decidió liberar a los tres individuos, argumentando que no había suficientes elementos de convicción que acreditaran la realidad del delito. Según el fiscal, la imposibilidad de determinar la operatividad de los materiales explosivos impidió la imposición de prisión preventiva. La liberación de los detenidos con el extenso cargamento de mecha lenta ha generado preocupación y críticas, especialmente entre los pequeños mineros informales de la región, quienes sienten que están siendo injustamente perseguidos.
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