En la mañana del lunes, el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola, ubicado en la provincia de Nasca, fue escenario de una intervención realizada por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) especializados en delitos anticorrupción, en coordinación con la Fiscalía.
Irregularidades administrativas
La intervención se fundamenta en denuncias vinculadas al presunto delito de peculado doloso en agravio del Estado Peruano. Según los documentos oficiales presentados, la investigación involucra a funcionarios y servidores públicos, incluyendo a Virginia Rivera Vilca y Didier Salomón Motta Rojas, quienes ocupan cargos específicos en la institución. La diligencia tuvo como propósito principal recabar evidencias, revisar documentos administrativos y realizar interrogatorios que permitan esclarecer los hechos denunciados.
El director del hospital, Ricardo Vázquez Angulo, se pronunció tras la intervención, señalando que la presencia de las autoridades respondía a una denuncia que también abarca maltratos a pacientes. En este contexto, aseguró estar colaborando plenamente con las autoridades y presentó el descargo correspondiente, enfatizando que se entregará toda la documentación solicitada, incluyendo el Manual de Organización y Funciones (MOF), el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y registros de compras y contratos.
Entre los requerimientos de las autoridades se encuentran informes detallados sobre la administración de recursos, registro de bienes, compras realizadas en meses previos y posibles disposiciones internas que expliquen las responsabilidades de los funcionarios implicados. Las diligencias incluyeron también la revisión del área logística del hospital, con especial atención a la distribución de materiales médicos y bienes adquiridos en el marco de la gestión hospitalaria.
El Ministerio Público y la Policía Anticorrupción destacaron que la intervención se realizó con total transparencia y en estricto cumplimiento de las disposiciones legales. Los documentos recabados serán evaluados para determinar las responsabilidades penales y administrativas que correspondan. Las investigaciones continúan, y se espera que las próximas semanas se esclarezca la naturaleza de las denuncias formuladas.
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