La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), a través de su presidente Gabriel Amaro, expresó su respaldo al de la Nueva Ley Agraria, que agrupa seis proyectos legislativos (PL 2421, 3785, 3954, 5861, 7149 y 8924) y que fue aprobado en primera votación por el

Por más inversión y empleo

Según Amaro, esta iniciativa legislativa no está enfocada únicamente en la agroexportación, sino que también busca fortalecer la agroindustria, la agricultura tradicional y el sector agropecuario, beneficiando a todo tipo de productores: desde pequeños agricultores hasta grandes empresas agroexportadoras.

Amaro explicó que esta ley tiene tres grandes objetivos: formalizar e integrar al pequeño agricultor a las cadenas agrarias modernas; garantizar la sostenibilidad de las unidades productivas que ya operan en la formalidad, permitiendo que reinviertan y se mantengan competitivas; y atraer mayor inversión nacional y extranjera, algo fundamental en un contexto en el que el Perú presenta un crecimiento económico bajo. “Los países se disputan la inversión extranjera. El Perú la necesita para generar empleo y dinamizar las zonas rurales”, afirmó.

Uno de los aspectos clave de la ley se encuentra en el capítulo cuarto, donde se establecen incentivos tributarios diferenciados. Los productores cuyos ingresos netos anuales no superen las 30 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 160,500, estarán exonerados del pago del Impuesto a la Renta (IR). Aquellos que superen este monto, pero no sobrepasen las 150 UIT (S/ 802,500), pagarán un IR reducido del 1.5 % sobre el excedente. Para las empresas agrarias, la norma contempla un IR de 15 % entre 2026 y 2035, y a partir de 2036 se aplicará la tasa del régimen general. Asimismo, podrán deducir gastos con comprobantes de pago emitidos por contribuyentes del Nuevo RUS, hasta un tope del 10 % de los montos acreditados. Esta medida busca beneficiar tanto a las empresas como a los pequeños agricultores y promover su formalización.

En cuanto al aspecto laboral, Gabriel Amaro fue enfático al señalar que la norma no modifica el régimen laboral agrario vigente. “No se toca ningún derecho laboral. Por el contrario, se generará más empleo gracias a la mayor inversión y la consecuente demanda de trabajadores en el sector”, destacó. Desde AGAP sostienen que la nueva ley creará un entorno favorable para la expansión del agro, tanto en exportaciones como en agricultura tradicional, beneficiando a miles de familias.

Uno de los impactos más relevantes se dará en regiones agrícolas estratégicas como Ica. Según Amaro, la norma permitirá atraer más inversión a la región, facilitará la formalización de pequeños agricultores y fomentará la agricultura orgánica. Además, la ley impulsa el desarrollo de infraestructura agraria, proyectos de irrigación, plataformas logísticas y energéticas, así como la agilización de trámites administrativos para las operaciones agrícolas. También se promoverá la asociatividad como herramienta clave para mejorar el acceso de pequeños productores a mercados, financiamiento y asistencia técnica. La formalización de tierras del pequeño agricultor también es parte de los beneficios planteados.

Sin embargo, Amaro advirtió que uno de los principales retos que enfrenta Ica es el manejo del recurso hídrico. Aunque la región tiene capacidad de agua, el problema radica en la falta de infraestructura pública para almacenar y distribuir el recurso eficientemente. Por ello, se requiere la construcción de represas que permitan captar agua en temporadas de abundancia, el desarrollo de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y mejoras en la infraestructura de agua potable para uso agrícola y humano.

“En Ica existe mucha capacidad de agua, el problema de Ica es la falta de infraestructura pública, que permita represar y dotar de agua cuando hay grandes cantidades, también que permita las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, porque hay algunas que son del sector privado y el tercer tema, la infraestructura para agua potable”, dijo

Tras su aprobación en primera votación, la Nueva Ley Agraria está a la espera de ser incluida nuevamente en la agenda del Pleno del Congreso para su aprobación final. Desde AGAP, se hizo un llamado al diálogo y al consenso para consolidar una norma que impulse de manera integral el crecimiento del agro peruano, con un enfoque que incluya a todos los actores del sector.

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