Más de 850 obreros de la Municipalidad Provincial de Ica iniciaron un paro de 48 horas exigiendo el cumplimiento de diversos derechos laborales que, según denuncian, han sido vulnerados sistemáticamente.
Crisis municipal
Entre los reclamos figuran la falta de pago de sueldos en los plazos establecidos, vacaciones no remuneradas correspondientes a los meses de mayo, junio y julio, y la deuda de dos canastas familiares. Una de estas canastas, correspondiente al año 2024, aún no ha sido entregada, mientras que la del 2025 estaría en riesgo por falta de licitación, pese a que el compromiso fue asumido mediante acta en septiembre del año pasado.
Los dirigentes sindicales aseguran que la actual gestión municipal, liderada por el alcalde Carlos Reyes Roque, ha sido indiferente a los pedidos del gremio, incluso minimizando públicamente el conflicto. Funcionarios habrían reconocido que no existe presupuesto para cumplir con los beneficios adeudados, lo que implicaría que muchos pagos recién se efectúen en 2026. Además, denuncian que no se ha renovado el material de bioseguridad desde el año pasado.
En respuesta, la municipalidad emitió un comunicado donde afirmó que las huelgas deben cumplir ciertos requisitos legales para ser válidas. Indicaron que, si la paralización no fue informada con cinco o diez días de anticipación al Ministerio de Trabajo, podría ser declarada ilegal. Además, alegaron haber cumplido con el pago del 50% del bono por el Día de Ica y con la entrega de dos canastas de víveres, reafirmando su disposición al diálogo.
Como parte de la medida de protesta, los obreros realizaron un plantón en los exteriores de la municipalidad de Ica, con pancartas y arengas, exigiendo el cumplimiento de los pactos colectivos y condiciones laborales dignas. La manifestación se desarrolló de forma pacífica, con resguardo policial para evitar incidentes.
Pese a ello, el sindicato critica que no se haya implementado un plan de contingencia efectivo ni se haya priorizado la atención de servicios esenciales. También denunciaron que algunos funcionarios de confianza han alentado a ciertos trabajadores a romper el paro, generando divisiones internas. Aun así, la mayoría de los 850 obreros continúan firmes en la medida de protesta.
Durante la jornada de protesta, la Fiscalía de Prevención del Delito de Ica se hizo presente y levantó un acta constatando que la manifestación se desarrolló sin bloqueos a oficinas ni impedimentos al trabajo de los camiones recolectores, en cumplimiento del derecho a la protesta establecido por la Constitución. El gremio no descarta una huelga indefinida si no obtienen respuestas concretas.
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