Paro nacional contra el crimen organizado y rechazo a la minería ilegal

Actualizado el 18/05/2025, 08:00 a.m.

El paro nacional contra la inseguridad ciudadana, convocado por organizaciones sociales y gremios, se cumplió con matices en todas las regiones del país. Paralizaron o salieron en movilizaciones transportistas, obreros, profesores y ciudadanos de a pie, quienes expresaron su rechazo a las políticas gubernamentales y exigieron soluciones efectivas contra el crimen organizado que mata todos los días.

Incapacidad del Gobierno

Autoridades, el Sindicato Regional Magisterial de Ica, la Comisión de Derechos Humanos (Codeh Ica) y organizaciones sociales, rechazaron las leyes a favor del crimen organizado, las extorsiones, el sicariato y la minería ilegal, aprobadas por el Congreso; además, cuestionaron al gobierno por su incapacidad en la lucha contra la criminalidad.

“Queremos señalar haciendo eco que no podemos negar que la población llora por la inseguridad del país y el abandono frente a los hechos criminales, que el Perú ya está pareciendo a México. Hay responsabilidad del ejecutivo y del legislativo, porque no le hemos puesto la fuerza (…). He visitado casi todas las comisarías de mi región, siempre he pedido a la misma presidenta de la República, que convoque a Conasec, que se reúnan todos los responsables de la seguridad, que discutan ahí. Para los delincuentes la cárcel se ha convertido en un centro de vacaciones, les da igual entrar y salir. En Ica no había muertes, hoy en día Ica es parecido a Trujillo”, dijo el congresista Jorge Marticorena en una sesión del pleno.

El paro se desarrolló después de que, en la víspera, renunciara Gustavo Adrianzén a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), debido a sus desaciertos en materia de seguridad ciudadana y por haber minimizado el secuestro de 13 trabajadores en Pataz, que luego fueron ejecutados en una mina de socavón.

Rechazo a la minería ilegal

A propósito del secuestro y ejecución de 13 trabajadores en Pataz, La Libertad, una encuesta de Ipsos reveló que un tercio de los peruanos (31 %) consideró que los mineros ilegales son los principales responsables de la masacre, solo por debajo de quienes señalan al gobierno nacional (47 %) y por encima del Congreso (30 %).

Otro resultado del estudio señaló que 81 de cada 100 peruanos (81 %) considera que la minería ilegal es una amenaza para la seguridad nacional. Solo el 15 % cree que esa actividad ilícita no representa un peligro para el país. Asimismo, el 81 % pidió reemplazar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por un sistema de control más eficaz.

Mientras tanto, el 43 % de la población opinó que el trabajo minero debe continuar, pero con mayor seguridad; y el 28 % consideró que solo las mineras formales deben seguir operando, mientras que la actividad minera informal debe suspenderse.