Uno de los casos más preocupantes de espionaje reciente ocurrió el pasado 22 de marzo en la Base Aérea N.° 51 “Capitán FAP Renán Elías Olivera” de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), ubicada en la ciudad de Pisco.
Seguridad vulnerada
Según un comunicado oficial emitido el 29 de marzo por la Dirección de Información e Intereses Aeroespaciales de la FAP, el aparato fue detectado por el personal de seguridad de la base aérea mientras recogía fotografías y videos de zonas prohibidas, en lo que fue calificado como un ataque directo a la seguridad nacional. El incidente generó la activación inmediata de protocolos de defensa que permitieron neutralizar el dron e incautarlo.
Durante el operativo, los agentes encontraron estacionada una minivan blanca en el frontis de la base. En su interior se hallaban dos personas que fueron detenidas en flagrancia. Uno de ellos fue identificado como Elvis Gálvez Huallanga, de 36 años, con antecedentes en el servicio militar. El segundo, de 27 años, aseguró haber sido contratado únicamente para transportar al operador del dron, bajo las órdenes de un sujeto identificado como “Andrés”.
El vehículo contaba con el logo de la empresa DATGEO TECHNOLOGY S.A.C., lo que abrió nuevas líneas de investigación sobre una posible estructura organizada detrás del incidente. La Depincri de Pisco, que lidera las investigaciones, indicó que las imágenes captadas por el dron muestran elementos clave de defensa, como el radar secundario de identificación de aeronaves, hangares, armamento, antenas de comunicaciones satelitales y aeronaves fuera de servicio.
Este acto ha sido considerado un grave atentado contra la seguridad del país. Las autoridades señalaron que el ingreso no autorizado de un dispositivo aéreo no tripulado a una zona militar viola normativas de defensa y puede comprometer la soberanía nacional. La preocupación se ha intensificado por la posibilidad de que estos datos sean utilizados con fines hostiles.
En su comunicado, la FAP señaló que el caso fue puesto a disposición de la Policía Nacional y el Ministerio Público para las diligencias legales correspondientes. Asimismo, agradeció la rápida intervención de sus efectivos y de la Depincri, que permitieron evitar una posible fuga de información militar estratégica.
Además, se informó que los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la FAP están en alerta para prevenir nuevos actos de este tipo. El comunicado recalca que se mantiene una estrecha coordinación con las autoridades judiciales para profundizar en las responsabilidades y determinar si existe una red mayor detrás del intento de espionaje.
El hecho ha generado gran preocupación entre expertos en seguridad y defensa, quienes exigen reforzar los mecanismos de protección electrónica y vigilancia alrededor de las bases militares. También se ha solicitado una investigación al interior de las empresas tecnológicas que pudieran estar siendo utilizadas como fachada para actividades ilícitas.
Por ahora, los detenidos continúan bajo custodia mientras avanza la investigación por el presunto delito de espionaje. No se descarta que se formulen nuevas acusaciones conforme se recaben más pruebas del caso.
Finalmente, el Ministerio de Defensa reafirmó que pondrá a disposición del país toda su capacidad tecnológica y humana para salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos, frente a cualquier amenaza externa o interna.
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