La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha impuesto una contundente sanción económica contra el , tras comprobar que la entidad no cumplió con otorgar los beneficios acordados en el convenio colectivo firmado con el Único de Trabajadores del SAT-Ica (SUTSATICA).

Afectación a derechos

La multa asciende a S/47,225.50 y fue emitida mediante el Acta de Infracción N.° 357-2024-SUNAFIL/IRE-ICA, luego de una verificación que confirmó la afectación de los derechos laborales de al menos 17 servidores.

El convenio en cuestión fue suscrito en abril de 2023 y establecía el pago de un incremento mensual de S/ 300 a partir de enero de 2024, un bono de cierre de pliego de S/ 800 y vales de consumo por un valor de S/ 1,000. Todos estos beneficios formaban parte de un acuerdo registrado y validado ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, por lo que su incumplimiento constituye una infracción legal.

Según el informe de SUNAFIL, la administración no hizo efectivo ninguno de los compromisos asumidos por la institución, lo que llevó al sindicato a presentar una denuncia formal por vulneración de derechos laborales. La inspección concluyó que el SAT-Ica no acreditó el cumplimiento de los beneficios ni respondió a los requerimientos de la entidad fiscalizadora.

Además de la sanción económica, el informe técnico señala que el incumplimiento del convenio colectivo representa una infracción muy grave según el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, al desobedecer una norma que tiene fuerza de ley entre las partes firmantes. La sanción también incluye una multa adicional por no atender los requerimientos inspectivos en los plazos establecidos, lo que agrava la falta administrativa.

Consultado sobre la sanción, el regidor provincial Epifanio Quispe calificó la situación como “lamentable” y señaló directamente al actual gerente, Gustavo Vera Belli, como responsable de este perjuicio económico.

“El incumplimiento del convenio colectivo ha generado una multa que pagará la institución, pero que tiene responsables claros. Esta situación será tratada en sesión de concejo”, declaró. No se descarta que se pidan responsabilidades administrativas.

La SUNAFIL recordó que los convenios colectivos tienen fuerza vinculante y su desconocimiento puede derivar, incluso, en procesos judiciales si se determina daño patrimonial reiterado o deliberado. Por ello, exhortó al SAT-Ica a adoptar las medidas correctivas para evitar nuevas infracciones y restituir los derechos vulnerados. El caso continúa bajo seguimiento, y no se descarta una auditoría externa en el organismo tributario.

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