El cruel asesinato de 13 trabajadores en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, a manos de organizaciones vinculadas a la minería ilegal, ha encendido una nueva alerta sobre la creciente violencia que azota las zonas auríferas del país.
Sin plan
En respuesta, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) emitió un pronunciamiento en el que condena los hechos, exige justicia, y demanda al Gobierno la urgente aprobación de un verdadero plan de lucha contra la minería ilegal, más allá de medidas paliativas como el Estado de Emergencia.
Uno de los puntos más duros del pronunciamiento del gremio empresarial se dirige al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya última ampliación fue duramente cuestionada por el Tribunal Constitucional. Para la SNMPE, este registro “ha servido para encubrir las actividades ilícitas de los mineros ilegales”.
En la región Ica, específicamente en la provincia de Nasca, la minería ilegal se camufla. En la primera semana de marzo, se realizó en Nasca, la II Audiencia Descentralizada de la Comisión de Energías y Minas del Congreso de la República, donde se debatió sobre la “Ley de la pequeña minería y de la minería artesanal”. Se dio a conocer que miles de mineros realizan trabajos en la Poligonal de Nasca. A nivel nacional se estima un promedio de 89 mil mineros en el Reinfo.
El 24 de marzo se ejecutó el megaoperativo que desarticuló a la organización criminal “Kilates”. El fiscal detalló que se incautaron 22 kilos de oro en una agencia de servicios portuarios, en Lima. Según la tesis fiscal, los miembros de esta organización criminal habrían blanqueado el oro de procedencia ilícita a través de diversas empresas, que también operaban en la provincia de Nasca. Tres días después, el 27 de marzo del 2025, la policía de Nasca, intervino un campamento informal en la zona de Sinccache, en el límite con Ayacucho, donde hallaron 93 explosivos, dos generadores eléctricos, un saco y medio de nitrato, un rollo de mecha de seguridad, dos palas y una comba. Fueron detenidas tres personas.
Hechos delictivos
En ese sentido, la SNMPE exhorta al Congreso y al Gobierno a poner fin a las sucesivas ampliaciones del Reinfo, que solo han contribuido a alargar una transición que no ha funcionado y que ha permitido que mafias se camuflen bajo el rótulo de “en proceso de formalización”.
Para la SNMPE, lo ocurrido en Pataz —donde los trabajadores fueron secuestrados y posteriormente ejecutados— no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un fenómeno más amplio: el avance descontrolado de las economías ilegales que “buscan intimidar a la sociedad peruana y tomar por asalto la propiedad pública y privada”.
La organización ha sido clara en advertir que la falta de un Plan Nacional contra la Minería Ilegal, debidamente aprobado y con presupuesto asignado, ha convertido al Estado en un actor pasivo frente al crimen organizado.
“No basta con declaratorias de emergencia. En Pataz, ha quedado demostrado que no son efectivas si no se acompañan de acciones reales, sostenidas y estructurales”, señala el comunicado.
La SNMPE ha solicitado que la Policía Nacional potencie sus labores de inteligencia y que se articulen estrategias para desarticular las redes criminales que operan con impunidad en regiones como La Libertad, Madre de Dios y otras zonas afectadas por la minería ilegal.
A la par, propone un enfoque multisectorial desde el Ejecutivo con un marco normativo moderno y políticas públicas claras, que fortalezcan las instituciones encargadas de la fiscalización ambiental, laboral y de seguridad en las zonas mineras. En concreto, apunta a la necesidad de establecer mecanismos eficientes de trazabilidad del mineral extraído.
El comunicado finaliza con un mensaje enfático dirigido a toda la ciudadanía: la lucha contra la minería ilegal es, ante todo, una lucha por la vida. “No se puede claudicar en la defensa de los derechos humanos y el bienestar de quienes trabajan de forma honesta por el desarrollo del país”, concluye.
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