La Contraloría advirtió irregularidades en la contratación del servicio de demolición y eliminación del cerco perimétrico de la Casa de la Juventud que realizó la Municipalidad Provincial de Trujillo. Estas presuntas anomalías se dieron el 2023, durante la gestión del prófugo exalcalde Arturo Fernández.
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Hallazgo
A través del Informe de Acción de Oficio Posterior N° 007-2025-OCI/0424-AOP, el órgano de control determinó que “la entidad contrató el servicio de demolición y eliminación del cerco perimétrico de la Casa de la Juventud inobservando la normativa aplicable, al no definir la finalidad pública, los requisitos del proveedor y/o personal, así como notificar al proveedor su contratación previamente a la emisión de la certificación de crédito presupuestario y orden de servicio”. Esto, según señala el documento, “afecta la legalidad de las contrataciones públicas y el correcto funcionamiento de la administración pública”.
A fines de setiembre de 2023, la administración del exalcalde Arturo Fernández dispuso derribar el cerco perimétrico de esa dependencia municipal, por lo que se contrató a una empresa para que haga los trabajos, valorizados en S/ 23 mil.
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Un año y medio después, la Contraloría confirmó que “de la revisión de la información y documentación suministrada por la entidad (municipalidad)” sobre estos trabajos, “se advierte que esta no se sustenta en alguna causal de emergencia”.
“La contratación del servicio de demolición y eliminación del cerco perimétrico de concreto de la Casa de la Juventud corresponde a una contratación programada para el año 2023, motivo por el que no se ubica ninguna documentación, que refiera o sustente su realización, debido a un hecho fortuito o de emergencia”, agrega.
El informe fue notificado el 13 de febrero al alcalde de Trujillo, Mario Reyna, para que en un plazo de 20 días informe las acciones que tomó su administración ante estos hechos.
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