Las declaratorias de emergencia suelen anunciarse como herramientas decisivas para enfrentar situaciones críticas, pero su efectividad continúa siendo cuestionada cuando no van acompañadas de presupuesto, responsables claros y metas verificables. Así lo advirtió Yuri Armas, director de la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS), quien explicó que los recientes cambios normativos podrían marcar un punto de inflexión, siempre y cuando se evite repetir los vacíos de gestiones anteriores.
Armas resaltó que, por primera vez, la normativa incorpora la creación de Comités de Inteligencia y Comités de Comunicaciones, elementos que podrían fortalecer la capacidad operativa en zonas de riesgo. Sin embargo, recordó que el principal problema persiste: la falta de financiamiento.
“Han habido algunos cambios en este estado de emergencia. Básicamente por primera vez ahora ya se habla de Comités de Inteligencia, se habla de comités de comunicaciones; creo que la deficiencia ha estado que en todos los estados de emergencia anteriores no venían acompañados de presupuesto y, si no hay presupuesto para que la Policía pueda hacer inteligencia operativa, los resultados van a ser muy escasos”, señaló.
La ausencia de recursos no solo limita la acción policial, sino que agrava la inseguridad y ahuyenta cualquier posibilidad de desarrollo económico. Armas subrayó que las zonas declaradas en emergencia requieren intervenciones integrales que garanticen condiciones mínimas de estabilidad.
“No hay inversión en una zona insegura, no hay trabajo en una zona donde no hay tranquilidad. Esa debe ser la preocupación del Gobierno”, añadió, enfatizando que la recuperación de la confianza ciudadana y empresarial debe ser parte central de la estrategia.
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