Exalcalde de Trujillo espera en la sede judicial que se le programe su juicio oral por el delito de difamación. Ya tiene dos sentencias por ese mismo ilícito
Exalcalde de Trujillo espera en la sede judicial que se le programe su juicio oral por el delito de difamación. Ya tiene dos sentencias por ese mismo ilícito

Tras permanecer como reo contumaz durante siete meses, el exalcalde de Trujillo se presentó esta mañana en la sede de la Corte Superior de Justicia de La Libertad para retomar el juicio que se le sigue por difamación.

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La exautoridad se presentó en la puerta de la sede judicial a las 8 de la mañana para solicitar la programación de su audiencia. Según afirmó, decidió someterse a la justicia tras conocer que se había rotado a la jueza que veía su caso, la magistrada del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de La Libertad, Ingrid Pajares.

“Me han dicho que ya no está la jueza. Estoy sano, no vayan a pensar que estoy llegando enfermo, estoy sano en la Corte Superior, ya no está la jueza, ahora hay más garantías. Me encuentro en la Corte Superior de Justicia para que de una vez avancen estos dos juicios de querella. Acá estamos con nuestros abogados, la doctora Andrea y el doctor Miguelito”, indicó a través de sus redes sociales.

En otra transmisión, reveló que durante el tiempo que fue declarado reo contumaz se escondió en el distrito de Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión. Como se recuerda, Fernández fue declarado reo contumaz mientras participaba de las festividades patronales de esa localidad.

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El caso

Arturo Fernández pasó a la clandestinidad el 15 de agosto de 2024, porque se desconectó de la audiencia virtual que se le seguía. Para la jueza Ingrid Pajares, se buscaba dilatar el proceso, que ya había sido reprogramado hasta en 12 oportunidades por licencias de salud, cambio de abogados y pedidos de recusación del exalcalde.

El juicio oral por este caso inició el 26 de julio de 2023. Desde esa fecha, el exdirector del Proyecto Huacas de Moche Ricardo Morales exige que se sancione al exalcalde porque lo acusó, sin pruebas, de integrar una red de tráfico de huacos.

Por ello, solicitó que se le impongan dos años de prisión y pague S/ 100 mil de reparación civil.

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