El suspendido alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Arturo Fernández Bazán, otra vez está inmerso en un lío legal.
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Martín Salcedo Salazar, procurador de la MPT, informó que ha interpuesto una denuncia penal contra el exburgomaestre ante el Ministerio Público por el presunto delito de colusión agravada.
El caso tiene relación a la compra de seis mil barreras plásticas para contener posibles huaicos, valorizadas en S/ 3.3 millones, las cuales nunca se usaron y actualmente se deterioran a la intemperie y expuestas al sol, en el exterminal terrestre Santa Cruz, ubicado en el barrio de Chicago.
Pesquisas
Según detalló el procurador, las barreras de plástico las adquirió el suspendido alcalde con el objetivo de proteger a la población de Trujillo de las lluvias y los huaicos que podrían afectar la región, en noviembre de 2023.
Sin embargo, dicho producto se adquirió por contratación directa cuando, aseveró, debió hacerse por compra simplificada de acuerdo a lo que estipula el Decreto Supremo N° 030-2023, que establecía procedimientos puntuales para realizar un proceso de selección ante la emergencia por las lluvias que ese entonces eran anunciadas.
“Es más, no hubo un expediente técnico, no hubo requerimiento del área usuaria, que por ley es la encargada de realizar el pedido correspondiente”, detalló el procurador.
Martín Salcedo reveló que en intento de darle “legalidad” a la compra directa que ya había hecho Arturo Fernández, se presentaron unos requerimientos con especificaciones técnicas que fueron elaboradas por una persona que no era especialista en temas de desastres ni riesgos naturales, sino por un ingeniero electricista.
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Cumplían órdenes
En esta denuncia también han sido comprendidos seis funcionarios que ese entonces laboraban de la mano de Arturo Fernández.
“Ellos cumplían órdenes sin la menor objeción, ya que aquel que observaba algo su cese era inmediato. Entonces, sabiendo de que esto era irregular, diferentes funcionarios como los del área de Administración, Asesoría Jurídica, Presupuesto, entre otros, se confabularon y dieron el visto bueno a la compra. Ahora están comprendidos en la denuncia”, indicó el procurador.
Cabe indicar que el Concejo Municipal declaró la nulidad de esta adquisición.
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