:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/98448bc7-d1ed-47a1-909e-fbdec178cdcd.jpg "Foto de Redacción Diario Correo")
Miguel Antonio Rodríguez Días, alias “Cuchillo”, acusado de la masacre de 13 mineros en Pataz, nuevamente sale a luz y ahora por el entramado empresarial que buscó proteger su patrimonio, después del atentado en la zona minera, en la región La Libertad.
Alias “Cuchillo” empezaba a construir una red de negocios que buscaba mantener fuera del radar. De acuerdo al dominical de Cuarto Poder, esta información fue revelada en los chats que mantenía “Cuchillo” con su exabogada Liliana Pizán.
Se trata de Agrivida HDR S.A.C., una misteriosa empresa que es el punto de unión entre los socios y negocios de “Cuchillo”, además de un terreno valorizado en cientos de miles de soles que tiene 227 mil m2. Este se encuentra en la región de Áncash, lejos de Pataz.
Explica que tras la masacre de 13 personas, “Cuchillo” y Lilian Pizán querían mantener a la empresa en el anonimato. La constitución de la sospechosa firma fue creada en julio de 2024 con un capital de 500 soles.
La sociedad se dedica a frutas y verduras, producción, comercialización y distribución. Además, a la exportación e importación de equipos de cómputo, vehículos menores y de carga pesada.
Sucede que los socios fundadores son los hermanos de “Cuchillo”, Carlos Richard y Segundo Vicente Rodríguez Díaz, y el gerente general es Geancarlo Alburqueque Alejabo.
Agrivida, con un capital de apenas 500 soles, adquirió en abril de 2025 el 16.5% de un terreno de 227 mil m² en Casma, Áncash, por S/ 410,226. El acuerdo, firmado con Silvia Fung Abanto, hija del fallecido minero Carlos Fung López.
El terreno denominado San Francisco, está vinculado a Fung, quien aparece en el REINFO como minero en proceso de formalización (suspendido).
Además de Agrivida, Geancarlo Alburqueque también es gerente general del Consorcio Empresarial M&L Susana S.A.C., otra empresa que fue fundado por el mismo alias “Cuchillo” y su primo Gustavo Enrique Cabanillas Rodríguez en octubre de 2024. De rubro de construcción, ferretería, comercio amplio hasta servicio de taxi.
Al respecto, Walter Palomino, abogado penalista, indicó que esto podrían responder a la lógica de lavado de activos. “En este marco, del empleo de personas jurídicas quizás para viabilizar actos de conversión o transferencia de activos que podrían provenir en este caso de seguramente de la minería ilegal”, agregó.
TE PUEDE INTERESAR:
