Contraloría detecta nueve adversidades en el local de  la Defensoría del Pueblo
Contraloría detecta nueve adversidades en el local de la Defensoría del Pueblo

Como para no creerlo. Tras una inspección realizada por personal del Órgano de Control Institucional (OCI), de la  en la región La Libertad, se detectaron una serie de adversidades en cuanto a la infraestructura del local, equipamiento y condiciones de atención al público.

De acuerdo al informe de control N°28-2019, fueron nueve las adversidades halladas por el personal adscrito a la Contraloría General de la República.

MAL ACCESO

Lo primero que observó el OCI fue que los servicios higiénicos del primero piso del local de la Defensoría del Pueblo, situado en la avenida Larco N°184, carece de condiciones de acceso para las personas con discapacida. No hay barras de apoyo tubulares y el espacio es reducido.

Además, el acceso principal al local también carece de rampas para las personas con problemas para desplazarse o mayores de edad.

En cuanto al mobiliario se observó que hay varios que deberían estar en desuso y a pesar de ello no están en trámite para darles de baja.

Los expedientes defensoriales estaban sin custodia, expuestos al polvo, humedad y hongos.

¿Y LA SEGURIDAD?.

Los ambientes de la oficina defensorial carecen de señalización: rutas de evacuación y zonas seguras.

Además de ello, se detectó que deficiencias en el libro de reclamaciones, pues tenía consignada la dirección de la oficina que ocupaban anteriormente. Se consigna avenida Pizarro N°389 cuando debería decir avenida Larco N°184. Pero, eso no es todo, pues no hay avisos en los cuales se indique la existencia del libro de reclamaciones.

Otra detalle que detectó el personal del OCI es que el vehículo asignado a la oficina defensorial tenía el extintor vencido, cuando eso es obligado por la normativa de seguridad.

BOTELLAS

La última observación que hizo el órgano de control fue que se halló en uno de los ambientes del local 900 botellas de agua mineral que se adquirieron para una actividad y que no se usaron. Este almacenamiento inadecuado ocupa un espacio necesario y evidenciaría un uso inadecuado de los recursos públicos, según el OCI.

Correo conversó con Luis Agüero Lobatón, representante de la Defensoría del Pueblo en La Libertad y aseguró, en un primer momento, que ya habían levantado estas observaciones.

Pero, luego, agregó que no contaba con presupuesto para hacer algunas mejores y que le estaban "trayendo" archiveros para poner las cosas y poder "arreglar" lo que se necesita.