La Contraloría General de la República exhortó al Gobierno Regional de La Libertad y a los alcaldes de las doce provincias de la región a que ejecuten correctamente el gasto de la partida presupuestal 0068 “Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastre”, tras advertirles que hasta el 28 de febrero último reportaban avances de ejecución entre el 0 y 29.5%.
A través de oficios, esta entidad fiscalizadora superior también les solicitó a los titulares de estas 13 entidades públicas de gobierno que remitan las acciones que adoptaron, tras la emisión de los respectivos informes de control que alertaron las bajas ejecuciones del gasto en mención, adjuntando los sustentos documentales respectivos tal como lo establece la normativa de la Contraloría General.
Al viernes 21 del mes en curso, el portal web de Seguimiento de Ejecución Presupuestal (Consulta Amigable) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revelaba que los porcentajes de ejecución de la antes citada partida presupuestal continúan en porcentajes que oscilan entre el 0% (municipalidades provinciales de Chepén y Julcán) y 29.5% (Municipalidad Provincial de Gran Chimú).
En tanto, las municipalidades provinciales de Pacasmayo, Otuzco y Trujillo reportan porcentajes de 2.1%, 1.7% y 5,8%. Ésta última pese a que su presupuesto es el segundo más alto asignado en la región (S/ 2.1 millones). El Gobierno Regional (GORE) de La Libertad tiene S/ 4 millones y la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión S/ 1 millón. Los gastado por el GORE va en 4.8%.
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ESTADO DE EMERGENCIA
Varios distritos de las 12 provincias de la región fueron declarados en estado de emergencia por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, a fin de que sus autoridades políticas “ejecuten las medidas y/o acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan”.
Así lo establece el Decreto Supremo N.º 033-2025 de la Presidencia del Consejo de Ministros publicado el 12 de marzo último. La vigencia del referido estado de emergencia es de 60 días calendarios.
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