La Corte Suprema de Justicia dio luz verde a la solicitud para que las autoridades judiciales de Colombia concedan la extradición de Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’. El objetivo es que sea procesado en el Perú por presuntos delitos como organización criminal, homicidio calificado en agravio de 13 mineros en Pataz, entre otros.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema consideró procedente el pedido formulado por el Juzgado Mixto Transitorio de Parcoy, de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, el cual busca que Rodríguez Díaz sea procesado bajo prisión preventiva de 36 meses por los delitos imputados.
Según la resolución, a la que accedió RPP, el tribunal concluyó que se cumplen las condiciones establecidas en la normativa penal peruana y en los tratados de extradición vigentes con Colombia, incluyendo el principio de doble incriminación y el presupuesto de gravedad de las penas.
Entre otros delitos, se le acusa de sicariato agravado y lavado de activos, en perjuicio de la sociedad, el Estado, el occiso Listher Joel Hernández Rojas y otros.
Además, sostiene que los hechos investigados entre 2023 y 2025 no tienen carácter político ni están relacionados con delitos de ese tipo. También señala que los delitos imputados contemplan penas máximas que son mayores a 15 años de prisión y que no existen obstáculos legales que impidan autorizar la extradición.
Asimismo, la Corte Suprema dispuso que se transcriba la presente resolución a la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación. También ordenó enviar el cuaderno de extradición al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por intermedio de la Presidencia de la Corte Suprema, para continuar con el trámite correspondiente.
Como se conoce, alias ‘Cuchillo’ es investigado por el caso de las muertes de 13 agentes de seguridad en Pataz, región de La Libertad y otros crímenes relacionados con su control sobre la minería ilegal. Así también, se confirmó que ‘Cuchillo’ utilizó una serie de empresas para ocultar sus ganancias ilícitas y facilitar el lavado de activos provenientes de la minería ilegal.
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