Las compras irregulares de la Policía durante la pandemia, con evidencias de negociados, es una nueva muestra de la corrupción que campea en esta institución, y que impide una verdadera lucha contra la delincuencia. Porque si es cierta la tesis fiscal que apunta a la responsabilidad del exjefe policial regional, Lucas Núñez, estamos hablando de una organización delictiva que encabezaba justamente el general y máxima autoridad en la PNP, una organización que depredaba por dentro a la institución.
Aún más, este caso tuvo un agravante realmente indignante. Las adquisiciones anómalas de implementos de bioseguridad terminaron por desproteger a los efectivos policiales, en una institución que fue muy golpeada en los primeros meses de la pandemia. Hace pocos días los deudos de 26 policías fallecidos aquí durante la primera ola hicieron un plantón en la plaza de armas, en el que exigían un castigo ejemplar contra Lucas Núñez. Lo culpan a él porque esos policías usaron mascarillas de mala calidad y sobrevaloradas, porque eso fue lo que compraron, entre otras cosas. Pocos crímenes pueden ser tan crueles en este escenario.
Y decía que este caso da muestras de toda la corrupción que se maneja desde hace mucho tiempo en la Policía. Este caso llegó a ser visto ante el tribunal supremo militar, es decir, las autoridades fiscales dentro de la institución contemplaron la denuncia contra el general en retiro y los policías implicados. Pero aquí no pasó nada. Lo desestimaron porque “el hecho no constituye delito de función”.
Esto también muestra hasta qué punto las autoridades policiales están comprometidas con la lucha contra la corrupción en la institución, y hasta qué punto aplican el blindaje, el famoso espíritu de cuerpo.
Estos son los males que permiten que la delincuencia haga de las suyas, definitivamente. Porque ¿cómo combatimos al hampa si dentro de la Policía hay gente promoviendo y perpetrando delitos en lugar de perseguirlos?