Aceptar la designación en el cargo de confianza de jefa de la Defensoría del Pueblo en La Libertad no solo ha expuesto a la psicóloga María del Carmen Olórtegui Risco a recibir duras críticas, sino que también ha sido denunciada penalmente ante la Fiscalía de la Nación.
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Manuel Ruiz Briones, presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Perú, es la persona que formuló la denuncia el pasado 5 de diciembre por mesa de partes virtual de la Fiscalía de La Nación contra Olórtegui Risco.
De acuerdo con lo señalado por el dirigente, lo que motivó la denuncia es que presuntamente Olórtegui Risco no cumple con el perfil idóneo para el cargo (no tiene experiencia en defensa de derechos constitucionales) y por infringir la Constitución Política del Perú, ya que aún está afiliada al partido político Alianza para el Progreso (APP), cuyo líder es César Acuña Peralta, actual gobernador de la región La Libertad.
Afiliada
En efecto, al realizar la consulta en el portal del Observatorio para la Gobernabilidad (Infogob) se verificó que Olórtegui Risco tiene afiliación vigente en APP. Es más, de acuerdo con la resolución N° 0076-2023, ella fue designada como responsable política de APP en la provincia de Trujillo.
Esta situación estaría contraviniendo el artículo 162 de la Constitución Política del Perú, así como el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que señala que la condición de defensor es incompatible con cargo político, filiación política, entre otros.
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Más argumentos
Manuel Ruiz anexó en su denuncia el pronunciamiento del Colegio de Abogados de La Libertad, en el que se expresa una “profunda preocupación” por la designación de Olórtegui Risco como titular de la Defensoría del Pueblo en La Libertad.
“Causa extrañeza que la designación haya recaído en una profesional en psicología sin experiencia e idoneidad acreditada para los fines que serían propias de su función, cuando el perfil para tan importante cargo debería ser más bien el de un abogado con especialidad o experiencia en derechos humanos o afines. Se está contraviniendo los principios establecidos por la Constitución Política del Perú”, se lee en el pronunciamiento.
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Se defiende
A fin de obtener su descargo, Correo trató de contactar ayer a Olórtegui Risco, pero no respondió las llamadas.
Sin embargo, en declaraciones que ofreció días antes defendió su designación alegando que los jefes de las oficinas descentralizadas de la Defensoría del Pueblo no tienen que ser necesariamente abogados de profesión. “Solo se exige que el Defensor del Pueblo sea de profesión abogado, sus representantes en provincia no”, enfatizó.
En relación a su militancia en APP, comentó que renunció al puesto de responsable política de APP en Trujillo y solicitó licencia a cualquier actividad que la vincule al partido político. “Pero no tengo por qué renunciar a mi militancia, porque no hay necesidad”, acotó en esa ocasión.
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