Y, mientras tanto, tenemos en Trujillo al peor alcalde que pudimos elegir para esta situación crítica de la inseguridad. Es verdad que el combate a la delincuencia recae en la Policía, pero desde la gestión municipal hay herramientas para apoyar en esa labor.
Y, mientras tanto, tenemos en Trujillo al peor alcalde que pudimos elegir para esta situación crítica de la inseguridad. Es verdad que el combate a la delincuencia recae en la Policía, pero desde la gestión municipal hay herramientas para apoyar en esa labor.

Lo que pasa en La Libertad con el crimen es una total ausencia del principio de autoridad, que proviene primero del gobierno nacional y que continúa con las autoridades de la región y de Trujillo.

Es una desgracia: en momentos en que los homicidios siguen desparramando la sangre de liberteños en las calles la presidenta Dina Boluarte sale a tirarle toda la responsabilidad de las muertes en las protestas a las Fuerzas Armadas y la Policía. Así la cosa empeora, pues no hay entendimiento y menos trabajo conjunto con una autoridad que asuma verdaderamente el liderazgo que se necesita hoy.

Y, mientras tanto, tenemos en Trujillo al peor alcalde que pudimos elegir para esta situación crítica de la inseguridad. Es verdad que el combate a la delincuencia recae en la Policía, pero desde la gestión municipal hay herramientas para apoyar en esa labor. Hay herramientas y funciones establecidas por ley. Pero el alcalde Arturo Fernández, obsesionado con sus peleítas absurdas que protagoniza desde las redes sociales, ha abandonado todas las funciones que le corresponden en ese aspecto. Argumenta que no hay plata para activar los vehículos de seguridad ciudadana, pero lo primero que hizo fue subirse el sueldo y permitir pagos millonarios cuestionables. Se pelea con los serenos a quienes maltrata. Se pelea con el jefe de la Policía y con agentes. No le interesan más que sus grescas personales infantiles, mientras la sangre se sigue derramando y hay asaltos a metros del Palacio Municipal.

Por su parte, la Policía necesita urgente una reforma. No es posible que conviva en medio del crimen y las mafias organizadas en torno a la minería informal y los ajustes de cuentas. La autoridad policial dice, como para minimizar los crímenes, que responden a ajustes de cuentas entre delincuentes. Pero si eso es así quiere decir que los hampones reinan aquí y arreglan sus asuntos metiendo balas mientras la autoridad mira atónita o silbando con la mirada al techo.

El gobernador César Acuña es quien debería encabezar las demandas de reforma y cambios necesarios para mejorar la seguridad en La Libertad. El hampa gobierna sin que muevan un dedo. ¿Por qué Acuña no usa su influencia en el gobierno, al que ayuda a sostener? ¿Y los congresistas? ¿No son ellos quienes dan soporte y blindan al Ejecutivo hoy? ¿Hasta cuándo seguirá la indolencia e indeferencia frente al asunto del crimen?

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