Desprotegidas: falta dinero, sobran golpes

Hace casi dos años, el 15 de agosto del 2013, en Apurímac, Wilfredo Serrano Condori (26) masacró, arrastró y ultrajó a su exconviviente, la enfermera Zonia Apaza Ccahuana (28), quien, según su propio testimonio, se arrodilló frente a su verdugo para suplicarle que no le rocíe gasolina. Sin embargo, el sujeto, ebrio, no se inmutó y le prendió fuego. Ella, con el 90% de su cuerpo quemado, no resistió y murió después de siete días de agonía.

El 8 de diciembre del año pasado, en Ventanilla (Lima), Estefany Mosquera García (22) fue asesinada de cuatro balazos por su expareja, Keith Vásquez Sánchez (27), de quien se había separado porque no aguantaba los continuos maltratos a los que la sometía.

Aunque ambos casos terminaron con el encarcelamiento de los asesinos, las muertes pudieron ser evitadas. Antes de que ocurran, como presagiando lo peor, las dos mujeres denunciaron a sus agresores ante la Policía, esperando que así se les dicte una orden de restricción para que no se les vuelvan a acercar. Lamentablemente, esto no lo evitó.

Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, y a pesar de que cada año logran más derechos, aún queda mucho camino por recorrer en cuanto a la protección de ella.

En este caso, ¿cuánto invierte el Estado para darle seguridad a las mujeres víctimas de violencia física y sicológica?

RECURSOS. Según el Centro de Emergencia de Mujer Flora Tristán, el 34% de víctimas de feminicidio en el país denunció por violencia familiar a sus homicidas ante la Policía o el Ministerio Público. Esto evidenciaría que no recibieron la protección adecuada.

Para la fiscal superior de Familia, Rita Figueroa, esta cifra responde a la falta de articulación del Ministerio Público con la Policía, pues, afirma, es necesario que se aplique una estrategia diferenciada con las Comisarías de Familia para garantizar la seguridad de las denunciantes.

“Las comisarías de Familia tienen pocos recursos humanos y logísticos para cumplir con las medidas de protección que nosotros solicitamos. Se deberían tener grilletes electrónicos o que ellas (las mujeres) tengan acceso al teléfono móvil de un policía designado para su resguardo personal, Pero esto no pasa, a veces hay dos o tres policías para cientos de víctimas”, explicó.

Agregó que también hace falta presupuesto para atenderlas en lugares de refugio donde se les enseñe a valerse por sí mismas y que, de manera profesional, se les eduque para que se defiendan y hagan valer sus derechos.

“Se debe hacer una reforma integral de la ley de protección frente a la violencia familiar para que haya un procedimiento rápido y se establezcan las obligaciones de los operadores de justicia. Pero para esto se deben hacer varias implementaciones logísticas y humanas que necesitan presupuesto”, aseveró.

En modo de advertencia, la magistrada ensayó: “Cuando el hombre demuestra que no es capaz de respetar la decisión de la mujer y pasa sobre ella a pesar de que sabe que le está haciendo daño, hay peligro”.

PRESUPUESTO. Al respecto, la directora de Demus (organización feminista), María YsabelCedano, reveló que la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos del Ministerio Público necesita un presupuesto de 25 millones de soles anuales para hacer un trabajo efectivo. Pero, según la Defensoría del Pueblo, la realidad es que el Ministerio de Economía y Finanzas solo le destina 5 millones.

“Si la propia unidad de víctimas y testigos recibe menos de la cuarta parte de lo que necesita quiere decir que hay una brecha presupuestal que impacta en la posibilidad de garantizar las medidas de protección. (…) el Ministerio del Interior tampoco invierte lo suficiente y en lugar de ampliar el número de Comisarías de la Mujer, las ha convertido en Comisarías de Familia”, manifestó Cedano.

En este sentido, la también presidenta de Cladem Perú recalcó que tanto el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como el Ministerio Público han solicitado la partida presupuestal que se requiere para mejorar los trabajos; empero, es el MEF el que niega el dinero y destina la cantidad que cree conveniente.

“Hay un problema en el país de ser coherentes entre lo que se dice con lo que se presupuesta. Es la única manera de que estos esfuerzos se materialicen en verdaderos resultados. No se trata de que el Ministerio de la Mujer haga lo que puede, sino que tiene que tener el apoyo económico del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los locales”, sentenció.

CIFRAS. En lo que va del año se han registrado 9 casos de feminicidio en el país, según el Ministerio de la Mujer.

La mayor cantidad de casos se producen en Lima Norte (11,6%) y Lima Sur (8,1%). Le siguen Junín, Callao, Ayacucho, Lambayeque, Arequipa y La Libertad, según el Observatorio de Criminalidad del MP.

Los meses donde más se producen los casos de feminicidio son enero, mayo y noviembre por ser fechas previas y posteriores a fiestas como Navidad, Año Nuevo o 28 de julio, según MP.

El 77% de los feminicidios ocurridos entre el 2009 y el 2014 fue perpetrado por parejas o exparejas de las víctimas, según MP.