:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/98448bc7-d1ed-47a1-909e-fbdec178cdcd.jpg "Foto de Redacción Diario Correo")
La Contraloría General de la República concluyó que las irregularidades identificadas en la recuperación del servicio educativo en el colegio N.º 80298, ubicado en el caserío Pollo, generaron un perjuicio económico para la Municipalidad Provincial de Otuzco de S/ 524 345.
Además, cuatro funcionarios que laboraron en el gobierno local, en la anterior gestión, tendrían presuntas responsabilidades en el ámbito penal y administrativo.
Durante la ejecución de la obra, dichos funcionarios ediles de aquel entonces avalaron la suspensión de los trabajos debido a la ausencia del jefe de supervisión, lo que provocó que la fecha de término se extendiera indebidamente hasta el 15 de junio de 2022, a pesar de que la causal alegada para justificar la suspensión no era válida, omitiéndose además la aplicación de penalidades por la ausencia de personal clave en la supervisión.
Asimismo, el comité de recepción de la obra conformado por los mismos funcionarios ediles de la época en cuestión suscribió el acta de recepción sin observar que no se habían ejecutado todos los trabajos contractuales, situación que provocó que la obra fuera recibida sin estar completamente terminada y que su liquidación fuese aprobada sin la aplicación de las penalidades correspondientes.
“Producto de las irregularidades identificadas por la comisión de control en la ejecución, recepción y liquidación de la obra, recogidas en el Informe de Control Específico n.º 008-2025-2-0420-SCE, se determinó que el perjuicio económico a la Municipalidad Provincial de Otuzco se debe a penalidades no aplicadas por la ausencia del supervisor, por mora y por pagos indebidos correspondientes a partidas no ejecutadas”, informó la Contraloría.
El informe fue comunicado al procurador público especializado en delitos de corrupción para que inicie las acciones penales contra los cuatro exfuncionarios comprendidos en los hechos, así como al órgano instructor de la Contraloría para la determinación de la presunta responsabilidad administrativa funcional.
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