En el mes de la Mujer, Eliana Pérez asegura que los gobiernos locales y la Región están descalificados por no cumplir con políticas en lucha contra la violencia. También cuestiona al Congreso.
En el mes de la Mujer, Eliana Pérez asegura que los gobiernos locales y la Región están descalificados por no cumplir con políticas en lucha contra la violencia. También cuestiona al Congreso.

En La Libertad, las manifestaciones en el marco del Día Internacional de la Mujer fueron escuchadas. , integrante de la Colectiva Feminista 8 de Marzo, en entrevista con Diario Correo, afirmó que todavía existen brechas y que, año a año, son relegadas.

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El 8 de marzo del año pasado publicaste un informe en este diario vinculado con la violencia de género. Ahí precisabas que las víctimas y los deudos de este tipo de violencia demandan más compromiso a las autoridades. ¿Actualmente, existe ese compromiso?

No. Es importante que miremos sobre todo a las instituciones locales y regionales; creo que en esos niveles del Estado hay una mayor deficiencia para poder ejecutar las políticas públicas, sobre todo de prevención de violencia. En La Libertad tenemos la instancia de Concertación Regional, desde donde no se observa un trabajo articulado por parte del gobierno regional, gobierno local y también con las instituciones administradoras de justicia.

¿Qué es lo que no se ha implementado?

En concreto, podríamos mencionar un instrumento importante que es el Observatorio Regional de Violencia contra las Mujeres, que por ley debería estar actualizado para saber los indicadores de violencia y qué se está haciendo. Pero si lo revisamos, vamos a ver que está desactualizado a pesar de que hay una persona a cargo y un presupuesto destinado a través del gobierno regional para mantener ese instrumento actualizado, pero no lo tenemos. También sería importante ver a los gobiernos locales, tanto las municipalidades distritales como provinciales. Ahí no vemos un compromiso real y concreto.

¿Qué evaluación hacen del Gobierno Regional de La Libertad?

Este año, en el marco del 8 de marzo, hemos cuestionado políticamente la posición del gobierno regional y del señor [César] Acuña porque sabemos que es un aliado del régimen actual. Vienen siendo cómplices en el Congreso, donde la bancada de APP ha sido una de las activas responsables de votar proyectos en contra de la igualdad de género, en contra de los derechos de las niñas y adolescentes. Hace dos días acaban de aprobar otro proyecto de ley que pone en riesgo el aborto terapéutico que, supuestamente, busca garantizar y dar seguridad a los embarazos. No hacen distinción los casos de niñas que son abusadas y violadas.

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¿Cuál es la percepción que tienes en torno al suspendido alcalde Arturo Fernández, quien fue sentenciado por difamar a una oficial de la Policía?

Preocupa mucho el nivel de consciencia política que tenemos como ciudadanía. Preocupa que diversos sectores de la población promuevan y alienten a este tipo de personajes que tienen una posición y un discurso bastante populista y autoritario.

De otro lado, de los siete congresistas que representan a La Libertad en el parlamento, finalmente, solo hay una mujer: Magaly Ruiz Rodríguez. ¿Qué opinas sobre su trabajo?

Es lamentable que la única congresista mujer que tenemos en La Libertad se haya hecho conocida por “mochasueldo”, y eso ya la deslegitima totalmente como parlamentaria. Desde el movimiento feminista de la región hemos rechazado que esta congresista, que es de Alianza para el Progreso, nos represente. Ella no nos representa definitivamente. Con su voto y su bancada se han sumado a distintos proyectos que no solo han atentado contra las instituciones y la democracia en el país. Nos avergüenza mucho que la única mujer que accedió a una curul en las últimas elecciones por la región haya tenido este comportamiento y legislar en complicidad de este pacto que hoy gobierna al país.

En el 2019, más de una municipalidad de la región aprobó ordenanzas para sancionar el acoso. ¿Esta medida sirvió?

Se implementó en diferentes gobiernos locales porque se dio la ley en el 2018 a raíz del feminicidio de Eyvi Ágreda, la joven que fue quemada en un bus en Lima. Pero no basta con la publicación de estas ordenanzas. No vemos que se hagan campañas educativas, sobre todo en la población adolescente, que es la etapa en la que empieza a manifestarse estas situaciones de violencia y de acoso. Lamentablemente, no estamos viendo ese compromiso.

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