El procurador del Gobierno Regional de La Libertad, Pedro Armas, le enmendó la plana al gobernador César Acuña respecto al fallo judicial que dispone que los consejeros interpelen y censuren a los funcionarios de confianza de la actual gestión.
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Se equivocó
Como se recuerda, tras conocerse la sentencia de la Tercera Sala Civil del Poder Judicial de La Libertad, la máxima autoridad regional aseguró que el caso estaba en “primera instancia”, por lo que apelaría “a una instancia superior”. “Esto está judicializado y por lo menos tardará otros tres años más en resolverse”, indicó Acuña.
Sin embargo, el procurador confirmó que la resolución judicial es inapelable.
“En primera instancia fue declarada improcedente y como consecuencia de ello, [el denunciante, Greco Quiroz,] interpuso recurso de apelación y la sala ha revocado esa sentencia, reformándola y declarándola fundada”, dijo a Soltv.
Armas agregó que la sentencia todavía no les fue notificada. “Estamos a la espera de que nos notifiquen para poder tomar acciones. Nosotros somos respetuosos de las decisiones judiciales”, acotó.
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Caso cerrado
Con esto, Acuña Peralta no tendría otra opción que promulgar la Ordenanza Regional N° 013-2020-GRLL-CR, aprobada en diciembre de 2020. Esta norma establece la salida de gerentes, subgerentes, jefes de oficinas regionales y directores de proyectos especiales que no logren obtener la aprobación de los consejeros durante la sesión de interpelación. También dispone que, en un plazo de 48 horas, el gobernador designe a un nuevo funcionario, “bajo responsabilidad” en caso de incumplimiento.
Greco Quiroz, exconsejero que llevó el caso al sistema de justicia, dijo que si el gobernador no cumple con publicar la ordenanza, el Poder Judicial solicitaría al Ministerio Público que lo investigue por resistencia a la autoridad y omisión de funciones.
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