El Gobierno Regional de La Libertad y los 12 municipios provinciales y 68 distritales de este departamento mantienen una deuda de S/ 486 millones 792 mil 980 con los trabajadores afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), según el último reporte a septiembre 2022, elaborado por la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones.
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Todas estas entidades estatales descontaron mensualmente el sueldo de sus trabajadores, pero no les depositaron su AFP en sus respectivas cuentas individuales, en una clara afectación a sus derechos a la seguridad social y a su pensión futura.
Escenario
De acuerdo con el último informe de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, la mayor deuda pública la tiene el Gobierno Regional de La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Educación (Grell). Entre todas las Unidades de Gestión Educativa Local (Ugel) deben S/ 271 millones 508 mil 977, incluidos los intereses moratorios.
“Muchas unidades de gestión hacen los descuentos, pero no los reportan a las AFP. Entonces, cuando el maestro va a pedir su reporte o a ver cuánto tiene, en la boleta de pago sale el descuento, pero no llega a la AFP. Siempre pedimos que revisen este tema, pero ninguna de las unidades de gestión mencionadas hace caso”, cuestionó la secretaria de Asuntos Pedagógicos del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), Lourdes Vásquez.
Ante este escenario, Vásquez sostuvo que su gremio buscará reunirse con funcionarios de la Gerencia de Presupuesto del Gobierno Regional para exigirles una rápida solución al problema.
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En esa misma línea, el consejero regional por Ascope, Greco Quiroz, responsabilizó de esta situación al gobierno regional.
“El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como ente principal, le transfiere los recursos a la Región y sobre esos recursos la Grell (Gerencia Regional de Educación) elabora las planillas de pago y hace los respectivos descuentos junto con las Ugel. Entonces, solamente le entregan al trabajador el neto [de su sueldo] y lo que puede estar pasando es que los planilleros de la Región y las Ugel no están haciendo las transferencias a las AFP, lo que es una grave irresponsabilidad”, manifestó.
Para Quiroz Díaz, también abogado, esta deuda que mantiene la Región con los trabajadores “podría generar una denuncia penal por el delito contra la libertad de trabajo”.
“El código penal dice que cuando hay un descuento como este, que no se está remitiendo a las AFP, podría configurar el delito contra la libertad de trabajo, porque hay una retención que se está haciendo al trabajador y de manera ilegal no se está depositando a la AFP”, agregó.
El consejero advirtió que si uno de estos trabajadores decide jubilarse y sufre un accidente o en el peor de los casos fallece, “la AFP al no tener el pago al día no le va a cubrir su pensión ni su seguro y los familiares quedarían desprotegidos, pues la AFP es una entidad privada”.
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Quien también se pronunció al respecto fue el expresidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Afiliados a las AFP Carlos Alva, quien lamentó que las entidades estatales no cumplan con hacer los depósitos, porque esto, además de afectar la posible jubilación de los afiliados, también los deja desprotegidos ante posibles accidentes.
“La falta de pagos no solo perjudica la pensión, sino lo más grave es que si un trabajador se accidenta o queda inválido no va a tener pensión por invalidez, porque el empleador no está haciendo los depósitos”, enfatizó.
Alva Jara añadió que existe un proyecto de ley que ya fue aprobado en la Comisión de Economía del Congreso para que se reprogramen las deudas y se paguen los descuentos más los intereses que debería haber ganado el dinero en las cuentas de los trabajadores.
No obstante, subrayó que se debe impulsar una ley que penalice a los alcaldes, gobernadores y funcionarios que no cumplan con hacer estos depósitos. Con esto, aseveró, se obligaría a cumplir con pagar los aportes descontados a los trabajadores.
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Municipios
Si bien el ranking de los más deudores lo encabeza la Municipalidad Provincial de Ascope, con S/ 24,336,696.14, el municipio de Trujillo acumula una deuda de S/ 1,385,772.20.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores, Conductores y Auxiliares de Recolección (SITCA) del Segat, Charles Paredes, indicó que unos mil trabajadores que integran su gremio se han visto afectados por la gestión de José Ruiz, pues desde hace seis meses (incluido noviembre) no les depositan su AFP aun cuando se han hecho los respectivos descuentos.
“Esa fue una de las razones por las que nos fuimos a huelga recientemente”, lamentó.