Traer a Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, de Colombia al Perú y ponerlo a disposición del sistema de justicia para que responda por las graves acusaciones en su contra, no será un trabajo sencillo. Al contrario, abogados han advertido que el proceso de extradición es un mecanismo legal que tiene plazos y procesos muy rigurosos que cumplir.
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Además, el principal sospechoso de ordenar la masacre de 13 trabajadores de una empresa minera en Pataz, manejaría importantes cantidades de dinero que le permitiría contratar los servicios de abogados especializados, cuya tarea sería dilatar su proceso de extradición.
DESCARTADO
En efecto, el jefe de la Policía en la región La Libertad, general PNP Guillermo Llerena, informó que quedó descartada la opción de que el Gobierno Colombiano expulse a “Cuchillo” y, en ese sentido, solo queda la posibilidad de continuar por el camino de la extradición.
Hasta ahora, lo que se ha hecho en Perú para avanzar con este trámite internacional es lo siguiente: el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra “Cuchillo”. De acuerdo a la tesis del Ministerio Público, este hombre es investigado por su presunta participación en delitos de organización criminal, sicariato, homicidio calificado y lavado de activos. Además de ello, “Cuchillo” es sindicado como el presunto autor mediato del cruel asesinato de 13 agentes de seguridad de una empresa minera en Pataz.
Como parte de este proceso la fiscal general de Colombia dictó el último viernes una orden de captura con fines de extradición para Miguel Rodríguez Díaz. “Esta acción es fruto del trabajo articulado entre las autoridades peruanas y colombianas, conforme al tratado bilateral vigente entre ambos países y la Convención de Palermo”, resaltó el Ministerio Público de Perú a través de su cuenta X.
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SU INGRESO FUE LEGAL
El abogado Greco Quiroz Díaz, explicó que debido a que “Cuchillo” no violó normas de migraciones ingresó a Colombia de manera legal, pues no pesaba sobre él ninguna orden de captura ni detención expedida por algún juzgado.
Dijo que el Estado peruano tendrá que apersonarse a Colombia y solicitar ante los jueces de ese país la extradición de “Cuchillo”, la misma que debe terminar en una sentencia y eso puede tardar meses e, incluso, años.
“Todo esto dependerá de los abogados de “cuchillo”, pero ya hemos visto que tiene dinero y podría contratar abogados expertos en Colombia que retrasarían su extradición”, afirmó.
Por su parte, el exfiscal Alfredo Galindo señaló que en este caso es muy importante el nivel de coordinación que despliegue el Estado peruano con su par en Colombia. “Hay que entender que un proceso de extradición es muy largo. Acá hay responsabilidad del ministerio de Relaciones Exteriores, también del Interior. En este caso debieron solicitar la expulsión de forma inmediata, eso es una negociación de Gobierno a Gobierno”, recalcó.
Galindo coincidió con su colega Quiroz al sostener que hay testigos que señalan que “Cuchillo” ha tenido presencia permanente en Pataz vinculado a la minería ilegal. “Entonces, hay manejo de dinero por doquier y puede complicar el tema de la extradición”, acotó.
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