Hernán Pena, director ejecutivo de Pensión 65: “El subsidio pasará de 250 a 300 soles”

El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), atiende en La Libertad a 26,633 personas en pobreza extrema. Cada dos meses, les entrega un subsidio de S/ 250 para que puedan atender parte de sus necesidades básicas. En distritos como Curgos, calificado en 2015 como el más pobre del país, 446 adultos mayores de 65 años son los beneficiarios.

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¿Se está llegando a las poblaciones más vulnerables, principalmente en la sierra, donde tenemos a las localidades más pobres de la región?

El programa acaba de cumplir once años. Iniciamos con 200 mil beneficiarios y ahora son más de 600 mil. Este 2022 hemos incorporado a más población después de dos años.

¿La pandemia de la Covid-19 fue un factor preponderante para no incoporar a más personas?

No, son decisiones presupuestales que se toman. Nosotros dependemos estrictamente de un presupuesto y este año hemos podido incorporar a 45 mil personas. Se ha priorizado la región amazónica por ser la más postergada, pero ha habido también un incremento en otras regiones como La Libertad. Las otras buenas noticias son que el otro año vamos a incorporar a 25 mil nuevos beneficiarios y el subsidio pasará de S/ 250 a S/ 300.

¿Se ha priorizado a distritos como Curgos u otros ubicados en la sierra de La Libertad? Le pregunto por estas localidades porque la presencia del Estado es casi nula en las zonas andinas.

Tenemos un conjunto de personas que están en lista de espera. Ellas cumplen las condiciones [para acceder al subsidio] y han manifestado su voluntad de ingresar al programa, pero hay un orden de prelación (prioridad) que tiene que ver con las necesidades de cada persona. Lo que pedimos a la población es que si por alguna razón la municipalidad no llegó todavía a su vivienda, que concurra al municipio y solicite la verificación de su situación socieconómica. Se trata de un empadronamiento muy simple que las municipalidades lo vienen haciendo muy bien.

¿Entiéndase, entonces, que las municipalidades son un brazo muy importante en este programa?

Somos aliados estratégicos. No hay posibilidad de que el Gobierno Nacional desarrolle políticas focalizadas o territoriales si no se trabaja con los gobiernos locales.

Ha habido quejas de algunos beneficiarios respecto a presuntas irregularidades sobre todo en la sierra de la región, donde la fiscalización es quizás más endeble. ¿Han identificado ustedes algún caso y qué se ha hecho para mejorar?

Hay una separación de funciones para generar transparencia y optimizar los procesos. Aquí, por ejemplo, el programa que está pagando no es la institución que afilia ni la que desafilia. ¿Por qué? Esto es una buena práctica del sector público porque no le da el poder absoluto a ninguna de las instituciones para generar un tipo de coerción con el beneficiario. La municipalidad puede ir a la vivienda y levantar la ficha socioeconómica, pero no determina si esa persona va a estar o no en el programa. Es un primer filtro, pero hay más filtros dentro del Midis para hacer una depuración del padrón y otras acciones. Finalmente, es a través del Banco de la Nación que se paga y cuando se denuncia que una persona cobró por otra, por ejemplo, interviene el mismo banco, la fiscalía, nosotros y otros actores.

¿Cuántos adultos mayores son pobres extremos en el país?

Son 800 mil. Hoy pagamos a 620 mil, pero si nos incrementan el presupuesto para el otro año vamos a pagar a 627 mil. Estamos haciendo un cierre de brechas y esto abre otra discusión.

¿Cuál?

Si este programa social tiene capacidad para llegar o no a los pobres y no solamente a los pobres extremos.

¿Se ha discutido ya esa posibilidad?

Por supuesto, el objetivo es ir cerrando las brechas.

¿En los mayores de 65 años en cuánto tiempo cree se puede cerrar la brecha?

Si incorporamos 45mil personas cada año, en dos o tres años podríamos cerrar la brecha. Es una decisión que pasa por el presupuesto que nos den.

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