La Contraloría General de la República advirtió que la jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, María Olórtegui Risco, no contaría con la experiencia para ocupar el cargo, al que, además, accedió a pesar de mantener activa su militancia en el partido político Alianza para el Progreso (APP). Este último punto vulneró la directiva sobre neutralidad que deben tener los servidores de ese organismo.
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El caso
A través del Informe de Control Específico N° 001-2025-2-0680-SCE, notificado el pasado 25 de marzo al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, el ente fiscalizador detalló que se evidenciaron dos presuntas irregularidades respecto a designaciones. La primera fue en La Libertad, con el ingreso de Olórtegui, y la otra en Lima, con el nombramiento de Juan Canales Durand en el cargo de jefe de Gabinete de la Defensoría del Pueblo.
“Se designaron funcionarios de confianza en la Defensoría del Pueblo sin haber acreditado el cumplimiento de la experiencia específica en la función o materia, y sobre la base de informes de evaluación de perfil con información que no corresponde. Pese a ello, ejercieron el cargo manteniendo, además, afiliación política, cuando esta situación estaba expresamente prohibida”, indica el documento.
Agrega que el 12 de marzo último se le solicitó sus descargos a Olórtegui, a través de la Cédula de Notificación Electrónica N° 02-2025-CG/0680-02-001; pero “no presentó sus descargos y/o aclaraciones”.
Ayer, Correo también trató de contactarse con la jefe de la Oficina Defensorial de La Libertad, pero no contestó las llamadas.
Procesos
Por este caso, la Contraloría solicitó que se le inicie un proceso administrativo a María Olórtegui y a Juan Canales. En tanto, pidió que se denuncie penalmente a José Flores Centurión, jefe (e) de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, por avalar estas presuntas designaciones irregulares.
