:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/98448bc7-d1ed-47a1-909e-fbdec178cdcd.jpg "Foto de Redacción Diario Correo")
Las Cámaras de Comercio de La Libertad, Áncash, Lambayeque, Piura y Cajamarca emitieron un pronunciamiento para condenar el asesinato de los 13 agentes de seguridad en la provincia liberteña de Pataz.
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“Condenamos el asesinato de 13 trabajadores mineros y el violento ataque a Minera Caravelí. Esta escalada de violencia ha cobrado 39 vidas en lo que va del año”, se indica en el documento.
Posición
El pronunciamiento fue difundido ayer, tres días después de que los cuerpos de las 13 víctimas mortales fueran hallados en un socavón minero ubicado en el anexo de Pueblo Nuevo, en el distrito de Pataz, provincia del mismo nombre.
Pese a que el Ejecutivo ha dictado una serie de medidas para combatir la guerra de la minería ilegal en esta parte de la sierra de La Libertad, las referidas Cámaras del norte del país exigen al Gobierno Central declarar el “estado de sitio” en Pataz, con un “enfoque estratégico que evite convulsión social y recupere el control territorial”.
“Es urgente combatir frontalmente al crimen organizado y la minería ilegal”, añadió.
Las empresas agremiadas también emplazan al Congreso de la República y a las agrupaciones políticas que lo integran “a asumir con valentía su rol fiscalizador”. “Exigimos la reglamentación del Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), introduciendo cambios sustanciales, ya que desde su creación solo ha garantizado la impunidad de la minería ilegal”, señaló.
En noviembre del año pasado, pese a las críticas contra el Reinfo, el Pleno del Congreso aprobó la ampliación del mismo hasta el 30 de junio de este año.
La medida ha permitido que los mineros informales cuenten con más tiempo para avanzar en su proceso de formalización. Así mismo, el Ejecutivo podrá prorrogar esta ampliación por otros seis meses mediante decreto supremo.
Frente al escenario que actualmente se vive en Pataz, las citadas Cámaras de Comercio enfatizaron que no serán “cómplices del silencio”.
“Urge una respuesta firme y articulada del Estado para proteger la vida, restablecer el orden y defender la actividad empresarial formal en el norte del país”, culminó.
Diferencias
Días atrás, el abogado Óscar Urviola Hani explicó las diferencias constitucionales entre el estado de emergencia (situación en la que ya se encuentra Pataz) y el estado de sitio.
El primero se aplica en casos de perturbación del orden interno, catástrofes o eventos graves que afecten al país. El estado de sitio, en cambio, se reserva para escenarios extremos como guerra exterior, guerra civil o su inminencia, precisó el expresidente del Tribunal Constitucional para “El informativo” de Radio Nacional.
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